
El alto hacinamiento de presos y la poca inversión en cárceles en difernetes aspectos dificulta el control que las autoridades puedan ejercer para garantizar seguridad, señala un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
La población carcelaria incrementó en casi 300% pero no la cobertura de guardias penitenciarios, ni la construcción de prisiones, son de los principales aspectos expuestos durante el IV Preforo del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), cuyo tema central está dedicado este 2026 a la seguridad.
En dicho evento organizado por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), la investigadora del CIEN, Corinne Dedik, presentó datos que revelan las debilidades del sistema penitenciario del país.
Dedik indicó que alrededor del mundo hay unos 11.5 millones de personas encarceladas, de estos 1.8 millones se encuentran ubicados en América Latina, aproximadamente en unos 3 mil centros carcelarios, y uno de cada tres de esas personas está en prisión preventiva, es decir que están sin su sentencia judicial emitida.

Eso como marco general de la situación en la región. Pero al analizar Guatemala, la investigadora del CIEN mostró la evolución de las personas privadas de libertad en los últimos 20 años en el país.
«Lo que se puede observar es que antes del 2008 esta población se ha mantenido bastante estable, entre aproximadamente 6 mil y 8 mil personas. Sin embargo, a partir del 2008 se va registrando un ascenso continuo y acelerado que culmina aproximadamente antes de la pandemia, porque la población reclusa se ha triplicado y alcanzó hasta 25 mil personas privadas de libertad», detalló.
Esto hace que Guatemala cuente con la mayor ocupación de sus instalaciones carcelarias a nivel regional, con casi el 300 %. En otras palabras, significa que hay tres personas con un espacio carcelario disponible.
El país duplica así el promedio de la región y se sitúa en 157 % de ocupación. Dedik recalcó que una ocupación que está arriba del 120 % es considierada una sobrepoblación crítica.
Además, otro factor que está afectando es que en los últimos 15 años no se ha construido ningún solo centro carcelario nuevo en Guatemala, mientras que otros países centroamericanos sí han invertido en la creación de nuevos espacios
carcelarios.
En eso destacó lo que se ha hecho en El Salvador, donde se han creado más de 60 mil espacios carcelarios nuevos en los últimos diez años. También menciona a Honduras con más de 5 mil y a Costa Rica con más de 3 mil espacios nuevos.
Asimismo, recordó que en Guatemala, el 40% de esas personas que están en prisión preventiva viven en esa situación desde dos o más años, lo cual estima que es un tiempo considerable para estar recluidos sin sentencia judicial.
«Actualmente hay cuatro mil agentes penitenciarios que ganan aproximadamente Q6,000 al mes y trabajan en turnos de 8×8 días» comparte @CorinneDedik en #SeguridadGT «pero hay deficit de personal si se toma en cuenta que hay 15 presos por cada guardia»
🧵 pic.twitter.com/lITv61GQYJ— CIEN (@CIENgt) July 22, 2026
DESPROPORCIÓN ENTRE PRESOS Y GUARDIAS
La investigadora del CIEN también expuso que aproximadamente tres cuartos del personal penitenciario lo constituye el personal operativo que está a cargo de la custodia y vigilancia de los privados de libertad, del tema de seguridad y de toda la logística diaria en los centros carcelarios.
Según los datos compartidos durante la presentación del preforo, el sistema actual cuenta con aproximadamente cuatro mil agentes penitenciarios que laboran en dos grupos que realizan turnos de ocho por ocho días. Ellos perciben una remuneración mensual de aproximadamente Q6 mil líquidos.
La relación de custodia actualmente es un agente por cada 15 personas privadas de libertad. Dedik dijo que eso es un cálculo general que puede variar en los diferentes centros según las necesidades, pero esa cifra, indica que la institución opera con un déficit de personal importante.
Además, señala que las condiciones de trabajo para los guardias son duros, al tener cuadras descuidadas, pocos descansos durante los turnos, corren riesgo de seguridad y deben de laborar en un ambiente de alta exigencia todo el tiempo.

BLOQUEO DE SEÑAL Y TECNOLOGÍA
Esto también repercute en el control de las prisiones. La investigadora del CIEN indicó que se sigue registrando el ingreso de ilícitos.
«Eso se debe en una parte por temas de corrupción, pero también existe la falta de tecnología en la revisión del ingreso, tanto de personas como de objetos que ingresan a los centros carcelarios».
Existen oportunidades de realizar llamadas no autorizadas, eso por el tema de la falta del bloqueo de señal telefónica, porque se mantienen celulares adentro de los centros carcelarios, a pesar de que eso ya es catalogado como un delito, recordó.
Mencionó que otro problema recurrente es el cobro de la talacha y extorsiones internas entre los mismos privados de libertad.
BAJO PRESUPUESTO
Otro de los factores que expuso la profesional es el presupuesto que se le dedica a los servicios de rehabilitación. «Se puede concluir que apenas un 0.4 % del presupuesto total de la Dirección General del Sistema Penitenciario es destinado a servicios de rehabilitación», precisó.
Además, detalló que la reincidencia oscila aproximadamente en un 60%, lo que significa que seis de cada diez personas que salen de un centro carcelario vuelven a ingresar nuevamente a una prisión.
«Definitivamente no se está cumpliendo con una reincidencia efectiva. El personal que se dedica a temas de rehabilitación es totalmente insuficiente. Se están contando con nueve médicos, 22 psicólogos, 32 encargados laborales y 24 encargados educativos», expresó.
Con dichos datos, Dedik refiere que se puede relacionar que hay un médico por cada 2 mil 500 privados de libertad o un psicólogo que debe atender a 1 mil 045 privados de libertad. «Así, una atención personalizada definitivamente no es posible», resaltó.
En cuanto a los proyectos laborales dijo que estos se limitan usualmente a lo relacionado con telares, carpintería, hamacas, canastas y panadería.
Sin embargo, indicó que no hay canales de comercialización oficiales o institucionalizados, lo cual dificulta también la comercialización y la venta de esos productos.
También hizo una comparación con el gasto público en administración penitenciaria como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Según sus estimaciones, Guatemala destina únicamente un 0.08% del PIB a la administración carcelaria, lo cual, refiere, está por debajo del promedio de América Latina que ronda un 0.18% y también por debajo del promedio centroamericano con un 0.17% según datos del PIB.
Entre las recomendaciones del CIEN para mejorar la situación de las prisiones se resalta:
- Mejorar la planificación institucional.
- Ampliar la infraestructura carcelaria.
- Bloqueo de señal.
- Fortalecer y priorizar el tema de la rehabilitación.
Por su parte, Juan Mini, director del comité organizador del Enade comentó que se propone la meta de que Guatemala logre reducir la tasa de homicidios en la siguiente década a la mitad, de 16 a 8 por cada 100 mil habitantes.
Conclusiones #SeguridadGT por @CorinneDedik
-aumenta la población carcelaria pero no la capacidad del Sistema Penitenciario
-existen déficits en varios ámbitos como infraestructura, personal y presupuesto
🧵 pic.twitter.com/fRnW7dsxga— CIEN (@CIENgt) July 22, 2026







