Por Redacción La Hora
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Un grupo de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, manifestó en un documento su preocupación por la crisis institucional y de poder que se vive en el país en el contexto de la pandemia, al mismo tiempo que exhortaron a la Corte de Constitucionalidad a dictar los autos de ejecución necesarios para hacer efectivas sus órdenes.
En ese orden, citan que según el Texto Magno el intérprete de la Constitución es la CC, y es innegable que distintas magistraturas, desde su instauración en 1986, han recibido críticas, tachas, objeciones y análisis de todo tipo por sus actuaciones.
“Desde la perspectiva política y jurídica no puede sostenerse que el Congreso de la República pueda analizar el fondo de una resolución de la Corte de Constitucionalidad como regla general, salvo si la misma se tratara de reelección presidencial o prolongación del período presidencial, lo cual por contradecir de forma expresa preceptos pétreos no admite ninguna otra interpretación”, afirmaron.
Por ello, expresaron que entienden que si un Magistrado de la CC en alguna de sus resoluciones se fundare en hechos falsos podría existir alguna investigación judicial.
No obstante, hacen énfasis en que jamás puede hallarse asidero legal en un antejuicio cuando lo que se alega es una interpretación constitucional.
LES PREOCUPA QUE EL MP NO DEFIENDA LA PROTECCIÓN QUE LA CC LES CONCEDIÓ
En su exposición, destacan que los derechos humanos resultan ser de carácter progresivo y de ahí que las distintas interpretaciones de estos efectuadas por los Tribunales Constitucionales, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, varían conforme su época, así que afirman que la Corte no se está excediendo.
En su comunicado también expresan su preocupación porque el Ministerio Público haya presentado un amparo con denuncias catalogadas como muy serias sobre tachas en el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Salas de Apelaciones y Tribunales similares.
Pero todavía “nos preocupa, aún más, que el mismo MP no quiera defender el haber obtenido la protección que el propio Tribunal Constitucional le concedió” y le exigen a la Fiscal General cumplir los mandatos de los tribunales de forma rápida y sin interés sectorial alguno.
NO PUEDE HABER ESTADO DE DERECHO DONDE SENTENCIAS SEAN DE CUMPLIMIENTO DISCRECIONAL
Por ello, exhortan a la CC a dictar los autos de ejecución necesarios para hacer efectivas sus órdenes, toda vez que no puede existir Estado de Derecho donde las sentencias sean de cumplimiento discrecional.
Los exconstituyentes, además, destacaron que la ven alarmados el desamparo de la población, producto de veinticinco años de desmantelamiento de las políticas sociales que el Estado estaba llamado a suplir.
El documento fue firmado por los ex constituyentes, Alfonso Cabrera Hidalgo, Roberto Alejos Cámbara, Rafael Arriaga Martínez, Silverio de León López, Alfonso Alonso Barillas, Francisco López Vidaurre, Víctor Hugo Godoy Morales, Nery Danilo Sandoval, Eric Milton Quim Chen.
