La Fiscal General, María Consuelo Porras. Foto La Hora

POR MARGARITA GIRÓN
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Acción Ciudadana (AC) y el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), enviaron una carta abierta dirigida a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras, en la que le solicitan que, en el marco de sus funciones y como titular de la Acción Penal proceda conforme a la ley, por las conductas delictivas flagrantes cometidas por el incumplimiento de la resoluciones emitidas por la Corte Constitucionalidad (CC) y que se ejecuten todas las medidas efectivas para que la autoridad impugnada, acate lo resuelto, en defensa del Estado de derecho y preservar el orden constitucional del país.

De acuerdo con AC y ALAC, tal extremo se expresa en consideración de que se está presentando por parte de funcionarios públicos de diversos organismos una conducta articulada y sistemática que demuestra la finalidad de incumplir una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad en un proceso de amparo promovido por el propio Ministerio Público, en el marco de una investigación penal, que revela ilícitos cometidos dentro del proceso de postulación para la elección de magistrados a las altas cortes del Organismo Judicial.

“Es de resaltar, además, que dentro de ese proceso en investigación por parte del Ministerio Público también se reveló una conducta articular sistemática por funcionarios de diferentes organismos e instituciones públicas”, se lee en el pronunciamiento.

Dicha solicitud es emitida tanto por AC como por ALAC, en virtud de los hechos acaecidos recientemente en los que el presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez a través de una mandataria judicial presentó una querella ante el Ministerio Público en contra de los magistrados de la CC, Gloria Patricia Porras, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana.

En la misiva AC, señala que el llamado a la Fiscal, se hace particularmente por lo expuesto en el comunicado de prensa emitido por la Comisión Permanente del Congreso en donde textualmente se expresa que se procedió mantener bajo custodia el expediente en original del antejuicio de los Magistrados referidos, para los efectos legales correspondientes.

“Esto constituye una contravención directa y manifiesta a lo resuelto por la CC el 27 de junio”, señalan.

Asimismo, detallan que dicha resolución establece que, en virtud de la protección interina que en ese fallo se concede con efecto suspensivo, conforme a lo establecido en el Artículo 25 Acuerdo 1-2013 de la CC, el Congreso de la República en un plazo que no exceda de 12 horas, contando a partir de la notificación debía remitir a esa corte el original del antejuicio, el cual sería resguardado en dicho Tribunal mientras dure la tramitación de las garantías constitucionales de mérito. Además, cita que la orden se emite con apercibimiento de que, en caso de cumplimiento, se certificará lo conducente en donde corresponda sin perjuicio de las responsabilidades civiles penales en que pudiese incurrir.

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Luego que la Procuraduría de los Derechos Humanos, Helen Mack y Acción Ciudadana requirieron la debida ejecutoria del amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad, por el antejuicio contra magistrados de esa Corte, esta fijo un plazo de ocho horas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Comisión Permanente del Congreso para enviar un informe circunstanciado sobre el cumplimiento de lo ordenado respecto al envío del expediente original.

Según informó la CC, la Corte Suprema de Justicia envió el expediente requerido, mientras que la Comisión Permanente trasladó un informe el que argumentaban que ya no estaba en su poder la documentación solicitada sino en la Comisión Pesquisidora.

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