La magistrada Dina Ochoa, en varias de las sesiones programadas, ha provocado su suspensión. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La magistrada de Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, se opuso en su momento a que el Congreso de la República excluyera de la elección de magistrados a las Cortes del Organismo Judicial (OJ) a los aspirantes que pudieron haberse relacionado con el empresario Gustavo Alejos.

La togada dejó manifiesta esa incompatibilidad por medio de un voto razonado concurrente -un voto en concordancia con la decisión final, pero no con aspectos de la resolución-, del fallo emitido por la CC el 6 de mayo pasado, cuando amparó en definitiva a la fiscal general.

En esa oportunidad la Corte indicó que los diputados no tendrán que tomar en cuenta para las magistraturas a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de “los hechos notorios denunciados por la peticionante del amparo -Porras-”.

Inicialmente, Porras había accionado, debido a que había una “amenaza” de que el Congreso procediera a elegir a candidatos a las Cortes que no cumplían con los requisitos estipulados en la Constitución por la posible influencia en la elección de parte de Alejos.

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En ese contexto, Ochoa indicó que “evidentemente” no compartía tal ordenanza, puesto que la CC, “no puede girar instrucciones al Congreso de la República referentes a la exclusión de determinados candidatos”.

“Pues en el marco del principio de ‘judicial self restraint’ corresponde a este Tribunal Constitucional emitir sus decisiones a manera de salvaguardar, bajo los cánones de la prudencia y objetividad, las competencias constitucionales propias de cada uno de los Organismos de Estado”, acotó la magistrada.

De esa manera, la funcionaria pública dijo que es al Legislativo a quien le corresponde, “con exclusividad”, y en el marco de las sus facultades constitucionales, determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 113 de la Constitución en cuanto a la capacidad, idoneidad y honradez -de los aspirantes-.

LA PROPUESTA DE OCHOA

Según la ex presidenta de la CC era más adecuado que los legisladores solicitaran información que obre en sede fiscal respecto de aquellos profesionales del derecho que, siendo candidatos para integrar las Cortes del país, sean objeto de averiguación de posibles hechos delictivos.

“Y, partiendo, de la información que sea remitida, determinar si esos elementos son congruentes con los requisitos regulados en el artículo 113 constitucional”, expuso Ochoa, quien agregó que también se podía solicitar información a las “instituciones públicas respectivas”.

“Los insumos y demás documentación que sea entregada al Organismo Legislativo deben coadyuvar con los diputados al examinar los expedientes de las nóminas que fueron remitidas por las Comisiones de Postulación, para que puedan determinar si los profesionales del derecho que integran las nóminas cumplen, o no, con los méritos”, puntualizó la magistrada en relación con esa propuesta.

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VINCULACIÓN CON ALEJOS

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) refirió ayer que la togada podría haberse comunicado con el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, en uno de los teléfonos con los que se vincula al empresario y que fue incautado en su recaptura en febrero pasado.

De momento se desconoce la fecha en la que pudo haberse realizado la comunicación, sin embargo, la magistrada rechazó dicha relación e indicó que “nunca he sostenido comunicación de ningún tipo con el señor Gustavo Alejos”.

La información descrita por la mencionada unidad de investigación del Ministerio Público (MP) se dio a conocer como parte del informe que el ente investigador debía remitir al Legislativo acerca de los posibles vicios en la elección de Cortes y señalamientos en contra de los aspirantes.

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LA RESPUESTA DE OCHOA

Ayer, la magistrada de la CC expresó que respetaba el trabajo de la FECI pero que rechazaba los señalamientos.

El informe ya fue entregada al Congreso y servirá, según el fallo de la CC, para que, junto con los expedientes formados por las Comisiones de Postulación, se determine si los profesionales elegibles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones cumplen con los requisitos constitucionales.

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