Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Surgen argumentos contra las decisiones del gobierno en el sentido de que el valor absoluto que se debe respetar es el de la libertad individual, sugiriendo que la misma está siendo violentada por las decisiones que se toman en el tema sanitario al restringir la libre movilización de las personas; se llega al punto de que algunos dicen que es decisión de cada quien si se quiere encerrar para protegerse o si decide arriesgarse a salir y contraer la enfermedad. Pero el punto es que el riesgo no es únicamente de contraer la enfermedad sino de contagiar a otras personas porque cualquiera puede ser portador del virus, aún sin saberlo, y de esa cuenta es que a lo largo de la historia de la humanidad se han dado muchísimas cuarentenas decretadas, cabalmente, para protección de la vida.
Hasta se ha presentado algún amparo contra el Presidente de la República argumentando que se está violando el derecho humano a la libertad con sus disposiciones para restringir la normal actividad ciudadana, sin entender que existen normas no sólo constitucionales sino también del orden penal, que obligan a velar por la salud y evitar contagios.
Yo puedo arriesgarme a contraer el coronavirus y morirme si me da la gana, pero no tengo derecho a poner en riesgo a nadie y por ello es que no existen derechos absolutos porque el mío termina donde principia el de los demás. Y en el mandato y orden constitucional de buscar el bien común y garantizar el derecho a la vida como fines esenciales del Estado, se debe actuar de manera tal que no por el capricho de alguien se ponga en riesgo a la colectividad.
Existe el derecho a la libre expresión del pensamiento, pero ese derecho no es absoluto porque no puedo despotricar con mentiras e insultos pretextando que mi libertad me da derecho a decir lo que se me ronque la gana. Y así sucede con todos los derechos que no pueden ser valores absolutos sino que tienen que entenderse en el marco de la responsabilidad social, por lo que es una realidad que todo derecho implica, necesariamente, obligaciones que no podemos pasar por alto alegando que mis derechos prevalecen sobre los de cualquier otra persona.
En Estados Unidos se ven ahora huestes trumpistas que se lanzan a la calle a manifestar contra gobernadores o alcaldes que mantienen restricciones a la movilización de las personas, usando ese mismo argumento absurdo de que el derecho fundamental es el de la libertad individual que se ve limitada con las decisiones que buscan el distanciamiento social y, repito, cada quien tiene el derecho de arriesgar su vida si así lo desea, pero nadie tiene el derecho de poner en peligro a otras personas por irrespetar las normas sanitarias que obligan al uso de mascarillas y guardar distancia para evitar contagios. Si cualquiera puede tener el derecho de arriesgarse, nadie tiene el derecho de poner en peligro a los demás.
Importante es que las autoridades actúen racionalmente y dentro de los límites del sentido común porque si incurren en excesos lo que hacen es dar municiones a los “defensores de la libertad” que son, en el fondo, verdaderos militantes del anarquismo.
