Mariela Castañón

mcastanon@lahora.com.gt

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, once años de ejercicio periodístico en la cobertura de niñez, juventud, violencias, género y policiales. Becaria de: Cosecha Roja, Red de Periodistas Judiciales de América Latina, Buenos Aires, Argentina (2017); Diplomado online El Periodista de la Era Digital como Agente y Líder de la Transformación Social, Tecnológico de Monterrey, México (2016); Programa para Periodistas Edward R. Murrow, Embajada de los Estados Unidos en Guatemala (2014). Premio Nacional de Periodismo (2017) por mejor cobertura diaria, Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP). Reconocimiento por la "cobertura humana en temas dramáticos", Asociación de Periodistas de Guatemala (2017). Primer lugar en el concurso Periodístico “Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, otorgado por la Asociación Pasmo, Proyecto USAID (2013).

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Mariela Castañón
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Hace pocos días las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia confirmaron, que más de 60 niñas de dos casas de modelo residencial, están en cuarentena preventiva y que dos de ellas abandonaron proceso recientemente, posteriormente fueron localizadas. Esta situación preocupa mucho, por la histórica debilidad institucional y por todo el contexto que ya es de conocimiento público.

Preocupa la situación de los hogares de protección o casas de modelo residencial, donde están resguardados niños, niñas y adolescentes (NNA) que necesitan protección y abrigo del Estado.

Probablemente esta preocupación viene porque durante cinco años he reporteado sobre los hogares y he conocido las falencias, debilidades, desafíos, intenciones y momentos en donde solo se han paliado crisis.

La noticia de las niñas en cuarentena preventiva demanda acciones para evitar otra tragedia en los hogares. Todos los esfuerzos deben enfocarse para evitar que el COVID-19 afecte a la niñez y adolescencia institucionalizada.

Entre las medidas podrían considerarse la aplicación de protocolos, pues se sabe que una persona que ingresó a las casas -ahora en cuarentena- había compartido con alguien de su entorno que tiene coronavirus y hasta después se conoció sobre esto.

El viernes las niñas fueron puestas en cuarentena y el domingo dos de ellas abandonaron proceso; fueron localizadas y se realizaron las diligencias para la desactivación de las alertas Alba-Keneth. En ese proceso participó personal de la Procuraduría General de la Nación, de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, representantes del Juzgado y de la Policía Nacional Civil.

Esta situación provocó que unas 15 personas de esas instituciones fueran puestas en cuarentena preventiva. La notificación fue por parte del Ministerio de Salud, según las fuentes oficiales consultadas.

Es importante que la Secretaría de Bienestar Social aplique protocolos (tengo entendido que estaba trabajando en algunos temas específicos antes de la pandemia, es urgente que considere lo ocurrido), verifique a sus colaboradores o miembros de la sociedad civil que le apoyan, que brinde apoyo psicológico a las niñas y niños que están en los hogares, que probablemente tienen miedo o están tensos por la situación.

Además, debe notificar a otras entidades sobre la situación, para evitar trasferir riesgos y ser muy responsables con la salud de todas las personas. La verdad y la transparencia siempre serán las mejores fortalezas de las entidades públicas.

Nadie ha dicho que administrar los hogares de protección es fácil, para nada. Es realmente complejo sacar adelante estos lugares, donde prevalece el hacinamiento, la escasez servicios básicos, de presupuesto y hay déficit de personal.

Vale la pena analizar el contexto, replantear esquemas, buscar alternativas y rodearse de personas idóneas que puedan aportar y ver a la niñez y adolescencia, como personas con derechos que deben proteger, y no como objetos que solo pueden usarse irrespetuosamente para determinados fines.

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