Por: Adrián Zapata
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En la actual crisis se han conocido importantes aportes que ha dado el sector empresarial para apoyar al gobierno en la atención sanitaria que la población requiere.
Esta actitud de varios empresarios, algunos de los más grandes en términos económicos y otros medianos, expresan una actitud que merece reconocimiento. Sin duda la motivación que tienen es noble y responde a cualidades humanas virtuosas. Además, en medio de la debilidad que tiene la institucionalidad encargada de la salud, sus acciones son un alivio para el gobierno y le permiten responder de mejor manera a las urgencias sanitarias actuales y a las que están próximas a acontecer.
Me parece, por lo tanto, que es pertinente que se revele la debilidad estatal para enfrentar esta tragedia, a nivel mundial, pero también supremamente agudizada en Guatemala.
En el mundo, se ha hecho evidente que el planteamiento neoliberal, en este caso relativo al tema de la salud, tiene efectos criminales. Ésta no debería haberse convertido en una mercancía; la salud debe ser, fundamentalmente, una responsabilidad del Estado.
Pero en nuestro país, la situación es aún más dramática. Nada que ver con las condiciones existentes en Europa, a pesar de los efectos del proceso de ajuste estructural neoliberal referidos.
El gasto público en salud es menor al 2% del PIB, incluyendo al Ministerio de Salud y al IGSS. La situación del sistema es deplorable, de los más débiles del continente. Los indicadores son alarmantes, la inequidad es un factor que salta a la vista. La población en general realmente no tiene acceso a los servicios de salud. Ahondar al respecto es reiterativo, suficientes diagnósticos ya existen. “El sistema de salud en Guatemala es el menor eficiente de Latinoamérica y el Caribe (Ana Lucía Ola, Prensa Libre, 6/Nov/2018, citando: BID, “Mejor gasto para mejores vidas”).
No hay atajo posible. El Estado debe ser fortalecido y eso no se puede lograr al margen de una política fiscal que logre modificar sustancialmente la tasa de tributación que apenas ronda en el 10% del PIB. El atraso es tal, que en 1996, cuando se firmó la paz, el compromiso era llegar al 12% el 31 de diciembre del año 2000. Veinte años después esa meta no se alcanza y Guatemala sigue con una de las cargas tributarias más bajas a nivel internacional.
Urge una reforma fiscal, globalmente progresiva (que paguen más lo que más tienen y que reciban más los que menos tienen), así como mejorar la calidad del gasto, la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la SAT.
Nada de eso se ha logrado. Inclusive el intento que hizo la SAT en el período 2016/2017 para realmente cumplir su rol fue desmantelado y los avances revertidos o ralentizados.
La política fiscal es la única manera que queda para lograr una redistribución de la riqueza vía el rol del Estado, para que éste pueda cumplir con su fin supremo de buscar el bien común y que se pueda avanzar hacia la justicia social. No es la filantropía, por meritoria que sea, el camino a seguir. Hace un tiempo leí una frase que me parece pertinente citar, quitándole la grosería. Decía, más o menos, lo siguiente: ser caritativo cuando lo que se requiere es justicia social es como querer perfumar la porquería.
