Francisco Cáceres Barrios
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Si se me hubiera ocurrido decir en las empresas en que presté mis servicios ejecutivos, en diversas entidades privadas, que importantes decisiones las tomé después de consultarlas con mis amigos, sin precisar sus nombres, conocimientos y experiencias, seguramente que sus directivos o propietarios me hubieran mandado por un tubo, más todavía cuando con ese propósito siempre pude contar con asesores o consultores específicos. De esa cuenta, cuando me enteré que el primer mandatario de nuestro país anunciaba que sancionaría la Ley de las ONG, siguiendo el consejo de amigos personales, aunque expertos constitucionalistas, pero que no podía dar sus nombres, me pareció un total contrasentido, algo tan fuera de lugar, que provoca calificarla como una decisión desacertada.
¿Es que a estas alturas, ninguno de los cercanos colaboradores del Presidente, los que sí están en la planilla del Estado, ha tenido al menos la cortesía de informarle que para atender esos requerimientos tiene en dicha planilla inmensa cantidad de profesionales del derecho y en especial al Procurador General de la Nación, cuya plaza presupuestada existe para cumplir con la función de asesoría de los órganos y entidades estatales, además de ser representante del Estado? En conclusión, puedo asegurar que suena muy mal eso de que de los cuates abogados del mandamás dependa una correcta y honesta administración de las ONG, cuando estas, desde mucho tiempo atrás han estado reguladas y que cuando se salieron del guacal, por incapacidad no fueron llamadas al orden. Con esto más, ¿no es contradictoria la decisión presidencial, cuando advierte que si la Corte de Constitucionalidad dispone que si efectivamente exista una contravención a sus disposiciones aceptaría y acataría tal decisión? A la legua se nota la ignorancia sobre el tema.
De un tiempo a esta parte, todo parece indicar que en Guatemala las cosas andan de cabeza, especialmente cuando se trata de las cúpulas que dirigen del país, porque muy corruptos podrán ser los cabezones, pero ¿que también hagan turbios y malos manejos los miembros de sus familias? De Jimmy Morales se puede esperar cualquier cosa, pero de sus parientes y peor todavía de su esposa, como es el caso que la señora Patricia Marroquín de Morales se haya prestado a hacer fraudes en contra del Estado en 2014 cuando suscribió un contrato sin tener los conocimientos ni experiencia necesarios para prestar sus servicios al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como bien decía mi abuelita –a mí se me caería la cara de la vergüenza.
¿Y qué comentario puede hacerse sobre la decisión de diputados que, por haber perdido las elecciones, por su tremendo desprestigio, sufrieron la derrota que les impidió volver a ocupar su curul, para que ahora estén reclamando el pago de su indemnización, olvidándose que fueron electos para un período determinado y que, aun así, ahora tengan el descaro de argumentar a favor de lo que no les corresponde? Aquí cabe decir ¡solo eso nos faltaba!
