Arlena D. Cifuentes Oliva
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Puedo imaginar la risa, la burla, de todos aquellos corruptos que se beneficiaron durante el gobierno anterior y que hoy se cobijan bajo el manto de la impunidad, congratulándose porque se han salido con la suya. Todos los actos ilícitos han sido apañados por un sistema cuyas instituciones fueron cooptadas para favorecerlos, es decir vivimos en un medio infestado por mafiosos cuyos andamiajes fueron preparados por otros aún más corruptos pues son parte de las instituciones del Estado cuyo fin es garantizar y velar por la vida y la seguridad del pueblo.
Lo anterior no es noticia nueva, más bien pensaría que ha sido bien digerida por la población urbana que día a día sale a ganarse honradamente el pan diario, los honrados cada vez son menos, ya que el trasiego de drogas y los negocios ilícitos representan mayores atractivos por lo que resulta fácil sumarse a este tipo de actividades ilegales.
Son los medios de comunicación quienes se ocupan y a quienes corresponde responsablemente mantener a la población debida y verazmente informada. Contribuyen a ello las investigaciones que los mismos realizan. Los columnistas por su parte expresan su punto de vista sobre las diferentes temáticas. Sin embargo, lo que deseo resaltar es que frecuentemente salen a luz los actos de corrupción, los abusos y atropellos cometidos por los miembros del gobierno anterior -y no es que los gobiernos que le precedieron no hayan hecho de las suyas- desde el Ejecutivo pasando por los ministerios de Gobernación, Salud, Comunicaciones, Energía y Minas, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, todos apoyándose incondicionalmente unos a otros.
Es indignante, por ejemplo, corroborar lo que sospechábamos que sucedía en el ministerio de Gobernación. En declaraciones de Ervin Mayen, director de la PNC a Prensa Libre, este manifiesta que “Encontramos una PNC cuya carrera policial fue desmantelada, pisoteada, ultrajada, resquebrajada y el personal…. con la autoestima baja porque en la administración de los dos últimos años (bajo la dirección de Carlos Tohom y el ministro Degenhart) se dieron incentivos perversos. Recibimos una policía con una corruptela que vamos a superar.” ¿A qué costo, será posible?
La gran pregunta es si en este gobierno existe la voluntad política de deducir responsabilidades a cada uno de los implicados en delitos, quienes en lugar de cumplir con su deber se dieron a la tarea de acondicionar, cambiar y emitir leyes que les aseguraran salir impunes y como en el caso del ministerio de gobernación con todo el desparpajo se tomaron la libertad de realizar todos los cambios los cuales favorecerían a sus taimados objetivos quitando de en medio todo aquello que pudiera considerarse un estorbo. Todo con nuestro consentimiento.
Los negocios entre los fabricantes de medicamentos y varios de quienes un día hicieron el juramento hipocrático siguen sin ser investigados con nuestro beneplácito, mientras el valiente doctor Carlos Román está siendo procesado por haber tenido el atrevimiento de pronunciarse sobre los altos costos de las medicinas tocando intereses muy grandes, los que lucran con la vida de unos y condenan a muerte a las mayorías por no tener la capacidad económica para adquirirlas.
El punto es, que no reaccionamos ante cada nueva fechoría que queda al descubierto. Será el objetivo hacerlo únicamente del conocimiento de la opinión pública, evidenciarlo. Si esto es así, mejor sería no seguir publicando ni investigando más actos de esta naturaleza, porque la no exigencia, la pasividad, la ausencia de una reacción contundente ante tanto hecho ilícito y abusivo únicamente nos hace más vulnerables como pueblo, como sociedad. Con ello sin darnos cuenta le estamos enviando el mensaje de “hagan lo que quieran” al actual gobierno. ¡Hasta dónde permitiremos más ultraje y humillación!
