Jorge Morales Toj
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El caso de las Comisiones de Postulación, hoy más que nunca están deslegitimadas y con serios indicios de cooptación por parte de intereses obscuros que siempre han manipulado a dichas comisiones. Con el caso “Comisiones paralelas 2020” que sacó a luz pública la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, pone en evidencia una vez más, intereses espurios de los personajes que han manipulado a las ya desgastadas e inútiles Comisiones de Postulación.
El hecho de que un personaje como Gustavo Alejos, vinculado a varios casos de corrupción, siga operando impunemente desde un hospital con cervezas, licores y asados denota lo podrido en que se encuentra nuestro sistema de postulación y pone al desnudo a las redes de impunidad alrededor de nuestro Sistema de Justicia.
Llama poderosamente la atención que, a pesar de ser un caso de alto impacto, las comisiones siguieron “su trabajo”, como que nada hubiese pasado. Es más han apresurado el paso y han entregado las nóminas al Congreso de la República.
En el Congreso por lo visto se quieren hacer de la “vista gorda” como se dice popularmente y pretenden elegir a los ya ungidos por las comisiones paralelas. No existe voluntad política para hacer una depuración de los posibles señalados por el Ministerio Público e incluso un alto en el camino.
El CACIF de forma sintomática, salió a pedir que se agilizara el nombramiento de jueces y magistrados. Lo expresado por los empresarios es una muestra que a ellos no les interesa la pureza, la legitimidad y la legalidad del proceso de las Comisiones de Postulación, evidenciando serias contradicciones con otras posturas, en las cuales piden independencia judicial y respeto al Estado de derecho.
El 24 de febrero el Ministerio Público interpuso acción constitucional de Amparo en contra del Congreso de la República. Según el Ministerio Público existe “la amenaza real e inminente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones”.
Las razones del Ministerio Público se fundamentan en la eminente violación a nuestra Constitución Política de la República que en el artículo 113 establece literalmente: “Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”. Sin lugar a dudas, la idoneidad y la honradez de los que van en las nóminas es cuestionable, dadas las investigaciones que ha desarrollado el MP. Jamás será idóneo y honrado cualquier candidato que ya negoció con personajes vinculados a la impunidad y a la corrupción.
En un pronunciamiento público, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción –FCCC–, expresó su total apoyo y respaldo a la acción de amparo interpuesto por el Ministerio Público ante la honorable Corte de Constitucionalidad. El FCCC expone que “es impostergable la reforma profunda al Sistema de Justicia en Guatemala, pues actualmente el país se encuentra sumido en la corrupción que permea las Cortes e impide el desarrollo de sus habitantes”.
Desde mi óptica de abogado y conocedor del Sistema de Justicia, coincido en que es necesario y urgente entrarle a una reforma constitucional en materia de justicia, es ahora o nunca.
