Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) presentó una carta al presidente Alejandro Giammattei, con relación a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la que presentan sus argumentos para que el mandatario ejerza su derecho al veto contra la normativa. Durante las últimas horas más organizaciones se han pronunciado en la misma línea.
La carta destaca el potencial de desarrollo de las ONG, “la cual se ha visto fuertemente mermada en diferentes partes del mundo, debido a la multiplicación de los obstáculos interpuestos por las autoridades a su trabajo, a la financiación y en particular por la instauración de marcos jurídicos restrictivos y prejuiciosos como las reformas aprobadas”, señala.
De acuerdo con el documento presentado por la CIJ el control poco claro y la fiscalización excesiva que contiene la ley aprobada “indudablemente tiene como objetivo desincentivar el trabajo de las ONG y pretende sencillamente asfixiarlas, afectando parcial o totalmente su financiación y sus actividades normarles”.
Según la carta enviada al mandatario, la ley aprobada resulta discriminatoria contra las ONG de Pueblos Indígenas, ya que ni siquiera hace mención a las reformas de organización social de estos, ni a la obligación del Estado de reconocer, respetar y promover “sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena de hombres y mujeres, idiomas y dialectos contenidos en el artículo 66 de la Constitución”.
“En términos generales la Ley tiene un espíritu bastante prejuicioso en diferentes partes de la misma, pero sobre todo desde el tercer considerando; de su lectura se puede concluir que la Ley parte del prejuicio de que las Organizaciones No Gubernamentales desarrollan actividades sesgadas”, señala la misiva.
En consecuencia, la ley contraviene los Acuerdos de Paz que establecieron precisamente lo contrario, es decir, que era necesario involucrar a todos los actores sociales e instituciones, especialmente las ONG en el desarrollo económico y social del país.
Asimismo, señala que las reformas “violan la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos que reconoce que la participación ciudadana es esencial para la construcción de la democracia y para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Al poner obstáculos innecesarios a las actuaciones de las ONG, afectará la función de las y los defensores de derechos humanos que actúan en el marco de dichas organizaciones”, manifiesta la CIJ en su carta.
Por lo que consideran que el Estado de Guatemala debería de facilitar y no restringir el trabajo de las ONG, así como aquellas destinadas a fortalecer la transparencia y luchar en contra de la corrupción, “por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos que una vez recibida la ley mencionada, la devuelva al Congreso de la República con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto”.
PDH TAMBIÉN LLAMA A VETAR LA LEY DE ONG
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, le hizo un llamado al presidente Alejandro Giammattei para que vete las reformas a la Ley de ONG. Rodas dijo que de no hacerlo estaría accionando en contra de la misma.
Acción Ciudadana, Frente Ciudadano Contra la Corrupción, así como las Autoridades Indígenas, entre otros, han pedido al mandatario que ejerza su veto a las reformas.
