MADRID
Agencia DPA/Europa Press
El Salvador se ha adentrado en los últimos días en una crisis política sin precedentes que tiene como telón de fondo la nueva estrategia del Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas o maras, el principal flagelo de la nación centroamericana.
El desencadenante es el crédito de 109 millones de dólares que El Salvador necesita solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la Fase III del Plan de Control Territorial para «modernizar» a las fuerzas de seguridad.
Bukele, que llegó al poder el pasado 1 de junio tras dar la sorpresa en las elecciones presidenciales del 3 de febrero, ha hecho de la lucha contra las maras uno de los ejes de su Gobierno.
Así, en su primer mes como presidente anunció un Plan de Control Territorial para combatir a las pandillas, a desarrollar en tres fases con un coste total de 575,2 millones de dólares, de los cuales unos 200 millones de dólares deberían salir del BCIE.
El BCIE ya ha dado luz verde a la ejecución de este dinero entre 2019 y 2021, si bien aún es necesario que la Asamblea Legislativa de El Salvador ratifique los contratos de préstamo.
Precisamente con esta intención, Bukele anunció el pasado jueves que el Consejo de Ministros convocaría para el domingo siguiente una sesión extraordinaria en el Congreso. El mandatario se amparó en el artículo 167.7 de la Constitución, según el cual el Gobierno puede forzar una reunión plenaria «cuando los intereses de la República lo ameriten».
El Parlamento reaccionó el viernes rechazando por 64 votos frente a tres y una abstención la sesión extraordinaria, porque «no basta la simple invocación de la seguridad nacional» para activar el artículo 167.7, «que debe utilizarse de modo excepcional debidamente motivado» por «reales circunstancias fácticas».
«No obstante que el tema de seguridad tiene una alta prioridad para este pleno, la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional, sino que ello implica endeudamiento, para lo cual la Asamblea Legislativa, de conformidad a la Constitución, está en la facultad para hacer un control en las finanzas públicas», esgrimió.
Entonces, Bukele lanzó un órdago invocando directamente al artículo 87, por virtud del cual «se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución».
En medio de este choque de poderes, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el ministro de Defensa René Merino y Mauricio Arriaza, respectivamente, ratificaron que los uniformados se mantienen «obedientes» a Bukele.
Ayer, militares y policías fueron a buscar a los diputados opositores a sus casas con la orden «verbal» de Bukele para que participaran en la sesión extraordinaria, pese a lo cual muchos se negaron.
Las fuerzas de seguridad acabaron irrumpiendo en el Salón Azul, donde se celebran los debates parlamentarios, ante la presencia de apenas una veintena de los 84 diputados que componen la Asamblea Legislativa.
«Yo le pregunté a Dios y me dijo: ‘Paciencia'», dijo Bukele ante sus seguidores, concentrados frente al Congreso. «Si estos sinvergüenzas no aprueban el Plan de Control Territorial, los volveremos a convocar el día domingo (…) Una semana más les vamos a dar», indicó, prolongando así la crisis política.
DEBILIDAD PARLAMENTARIA
Bukele, de 38 años y origen palestino, gobierna sin partido propio, lo que le aboca a una pugna constante en el Congreso con los opositores FMLN y ARENA, que juntos suman 60 de los 84 escaños, es decir, mayoría absoluta.
El izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son los partidos tradicionales de la política salvadoreña. Se han turnado en el poder desde la guerra civil (1980-1992).
Bukele comenzó su carrera política bajo las siglas del FMLN, pero fue expulsado en 2017 por lanzar una manzana y llamar «bruja» a Xótchil Marchelli, líder de una comuna de San Salvador, durante una sesión del concejo municipal. El Tribunal de Ética del FMLN le acusó de «irrespetar los Derechos Humanos de la mujer».
Tras ello, el joven político fundó su propio partido, Nuevas Ideas, y anunció una alianza con Cambio Democrático para las elecciones presidenciales de 2019, pero la Justicia electoral inhabilitó a este último, lo que le obligó a buscar una alternativa.
Bukele se incorporó a la también conservadora Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), tan solo tres días antes de sus elecciones primarias. Con ello, el ex alcalde de San Salvador dio el salto a la política nacional como un auténtico ‘outsider’.
Los diez diputados de GANA y el de Cambio Democrático constituyen la única representación del Gobierno en la Asamblea Legislativa, frente a los 60 del bipartidismo y los doce del frente conservador formado por los partidos Concertación Nacional (9) y Demócrata Cristiano (3), y un independiente.
Bukele no ha ocultado en estos días su deseo de propiciar un vuelco parlamentario. «Me gustó ver esos curules vacíos. Se me hizo más fácil imaginarlos llenos de personas honestas que trabajen por el pueblo. Tal vez el 28-F», manifestó en Twitter, aludiendo a las próximas elecciones legislativas, previstas para el 28 de febrero de 2021.
«EPIDEMIA DE VIOLENCIA»
Los dos pilares del Gobierno de Bukele son la lucha contra la violencia y la corrupción, que han confluido en el marco de las investigaciones contra dirigentes del FMLN y de ARENA por sus presuntos vínculos con las pandillas.
La ‘Operación Cuscatlán’ contra las bandas criminales terminó en diciembre con 373 pandilleros condenados, muchos de los cuales testificaron que tanto dirigentes del FMLN como de ARENA se reunieron con las pandillas para conseguir su apoyo de cara a las elecciones de 2014 y 2015. Destacan el ex secretario general del FMLN Medardo González Trejo y el ex candidato presidencial de ARENA Norman Quijano.
Este operativo de seguridad se enmarca en el plan de Bukele contra las pandillas, con el que busca, por un lado, recuperar el control de los territorios que ahora controlan las maras, especialmente en los centros históricos de las grandes ciudades, donde tienen sus feudos, y, por otro, «descabezar» a estas bandas criminales en las cárceles.
Bukele persigue de esta forma un doble objetivo: asfixiar económicamente a las pandillas, ya que al privarlas de su territorio las privaría también de sus negocios, entre los que destacan el narcomenudeo y la extorsión; y cortar la cadena de mando, puesto que la mayoría de las órdenes proceden de los cabecillas apresados.
El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo. Según Insight Crime, en 2019 registró una notable reducción de la tasa de homicidios hasta los 36 cada 100 mil habitantes, pese a lo cual continúa inmerso en una «epidemia de violencia», calificación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) da a partir de los diez homicidios.
Para Bukele hay una clara relación entre la negativa de los diputados del FMLN y ARENA a lanzar la Fase III del Plan de Control Territorial y el cada vez más estrecho cerco judicial sobre sus dirigentes por sus supuestos nexos con las pandillas.
La oposición, en cambio, ha alertado sobre un «autogolpe» y ya ha denunciado a Bukele por un delito de sedición. Entretanto, el Tribunal Constitucional analiza «posibles acciones legales» para dirimir el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo y la comunidad internacional urge al diálogo.
