Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hay unos que dicen que lo recaudado no alcanza y otros que es suficiente, pero la verdad es que nunca vamos a saber a ciencia cierta porque mientras sigamos teniendo varias avenidas por medio de las cuales se pueden hacer de chivo los tamales con el pisto de la gente, nunca podremos determinar si lo que tenemos nos alcanza para enfrentar nuestros grandes retos.
Guatemala tiene un problema estructural para la ejecución del gasto. A propósito, las mayorías en el Estado no planifican lo que necesitan o necesitarán ejecutar porque a medida que pasa el tiempo, más se busca la discrecionalidad y así optar a algunas de las medidas que favorecen los negocios.
Solo el Ejecutivo tiene más de 250 unidades ejecutoras que están operativas (hay más pero no todas compran) y no ha habido nunca un plan para poder ejecutar economías de escala porque cada quien puede ir comprando, moldeando y ajustado sus procesos de compra a lo que más le “conviene” y por eso es que un mismo bien o servicio tiene precios muy distintos.
Las compras de baja cuantía se han convertido en una enorme caja chica porque su fácil ejecución (solo requiere una publicación y que alguien diga que el bien entró a sus bodegas o instalaciones), es más que suficiente y así es como debemos entender la manera en la que, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) ha venido ejecutando alrededor de Q20 millones bajo esa modalidad en los últimos tres años.
Luego debemos sumar la compra directa, las cotizaciones o licitaciones hechas a la medida y a todo eso debemos agregar la incapacidad –porque así fue creada– de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para fiscalizar de forma preventiva o de forma efectiva si lo hacen con posterioridad. Muchas veces persiguen lo que no deben para dejar pasar lo que sí deberían controlar.
La manera en la que compra el Estado ha facilitado que muchos se dediquen a pedir mordidas para otorgar contratos, para agilizar pagos, para aceptar entregas que no están listas, para determinar avances inexistentes, para aceptar obras inconclusas o de mala calidad, etc.
El gran reto del nuevo Gobierno, de algunos en el Congreso y de los ciudadanos que entienden el problema es, justamente, enfrentar ese viciado sistema y trabajar de la mano para ir creando el sistema del futuro.
El Gobierno no puede detener su ejecución, de acuerdo, pero tampoco puede quedarse trabajando con el sistema actual sin proponer lo necesario para hacer los ajustes porque invertir en la gente y enfrentar los grandes vicios pasa por tener un sistema que nos asegure que el dinero llegue a las causas estructurales y a la gente.
Sin dedicar tiempo a debatir sobre este sistema, nunca podremos resolver de forma plena el problema económico del país ni podremos centrarnos en el diseño de políticas públicas y medidas que se deban tomar en conjunto con particulares (empresas, organizaciones, etc.) para determinar las mejores rutas para que el dinero llegue a los destinos que debe y no se quede en los bolsillos equivocados.
Limpiar el sistema nos permitirá asegurar que participen los mejores, los más capaces, los más escrupulosos y los más eficientes y no solo aquellos a los que no les importa el cómo porque lo que les interesa es engrosar los ceros en su facturación o cuentas.
Esta tarea es una cosa de todos y como tal, debemos trabajarla. Que funcione el sistema no es un tema de ideología porque igual roban algunos en la derecha y otros en la izquierda, es un tema de voluntad, de eficiencia y de privilegiar capacidad y la honestidad sin realidad aspiramos a una Guatemala mejor.
