Por Cristian Velix
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El ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, presentó un memorial en el Juzgado de Mayor Riesgo “D” para que se le aplique el procedimiento de aceptación de cargos por el Caso Construcción y Corrupción.
Dicho documento fue presentado ayer en la judicatura que dirige la jueza Erika Aifán, justo en el día en el que entró en vigor las reformas al Código Procesal Penal, las cuales se refieren al Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos.
Señalado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado, el sindicado busca que se le reduzcan las penas que se le podrían imponer en este proceso penal, en el extremo de que acepte los señalamientos que le hace en su contra la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En el expediente judicial mencionado, Ortiz Asturias es vinculado a una estructura criminal que era dirigida por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, la cual se benefició del pago de deuda por proyectos contratados por esa cartera o el pago de proyectos nuevos, a cambio de la entrega de sobornos.
Sin embargo, ahora el órgano jurisdiccional deberá decidir lo que procede en torno a ese memorial, pero, el mismo quedaría en un impase, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el Decreto que modificaba el Código Procesal Penal.
En ese contexto, la máxima Corte del país de forma unánime decidió que de momento no se aplique las reformas realizadas a ese cuerpo legal, esto por una acción de inconstitucionalidad interpuestas por dos activistas sociales.
De esa manera, la CC acogió esa acción interpuesta por Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, como también por Eleonora Muralles, presidenta de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y Secuestro (FADS).
AXR TAMBIÉN ACCIONÓ
En contra del Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos también accionó, mediante una inconstitucionalidad, Alianza por las Reformas, argumentando que el mismo viola el debido proceso, el derecho de defensa, además de la independencia e imparcialidad judicial.
Según dicha organización la presentación de ese recurso legal respondía a evitar daños al sistema de justicia del país, la cual generó diversas críticas, luego de que el Congreso la aprobara y el expresidente Jimmy Morales la sancionara.
Por otra parte, Edie Cux, integrante de Acción Ciudadana, expresó que es lamentable que esta ley haya llegado al punto de que entre en vigor y dijo que podría beneficiar, aunque se revise con una inconstitucionalidad, a los imputados por cualquier tipo de los hechos que son beneficiados con esa normativa.
