Por Eder Juárez
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El 24 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial, el Acuerdo Gubernativo 318-2019, Política Pública de Protección y Atención a la Persona Migrante 2019-2032, la cual será de aplicación general en toda la república durante 13 años, según la publicación. Por lo que excancilleres y exembajadores presentaron un recurso de inconstitucionalidad total, porque dicho acuerdo “contradice el principio de supremacía constitucional”.
De acuerdo con el abogado y excanciller Gabriel Orellana, ninguna norma ordinaria puede contradecir a la Constitución, “principio de supremacía”, además que el Acuerdo Gubernativo 318-2019, viola el principio de “orden jerárquico de las leyes”, en otras palabras, una disposición reglamentaria no puede ser superior a una ley que emite el Congreso de la República.
Otro de los principios violados es que la propia Constitución en su artículo 134 dispone que las entidades autónomas o descentralizadas como es el Instituto Guatemalteco de Migración y el Sistema Migratorio, para poder ser afectadas en sus funciones necesitan una ley emitida por el Congreso con mayoría de dos terceras partes.
“Aquí viene otro problema que es el de reserva de ley a favor de las instituciones descentralizadas, luego tenemos que este acuerdo le quita las funciones al Sistema Migratorio y las pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual viola otro principio de jerarquía legal. El Presidente está modificando la Ley del Organismo Legislativo artículo 38 que son las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores agregándole las funciones que le quitó al Sistema Migratorio”, señaló Orellana.
Según el memorial de inconstitucionalidad presentado a la Corte de Constitucionalidad (CC), “Como resultado del vicio denunciado, habrá que tomar en cuenta que, el Presidente de la República abusando de sus facultades reglamentarias mediante el mismo Acuerdo Gubernativo impugnado, le agregó al Ministerio de Relaciones funciones que sustrajo al Sistema Migratorio Guatemalteco modificando en consecuencia el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo”.
¿QUIÉNES FIRMARON?
Los excancilleres y exembajadores que firman dicha inconstitucionalidad son: Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, Fernando Carrera Castro, Ana María Diéguez Arévalo, Edgar Gutiérrez Girón, Gabriel Orellana Rojas, Ana Isabel Prera Flores, Ariel Rivera Irías, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Francisco Villagrán de León y Estuardo Stein Barrillas.
