Jorge Morales Toj
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Guatemala sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo (GINI 0.559, ENCOVI, 2015), con la mitad de sus habitantes viviendo en pobreza y un 25% en pobreza extrema; como efecto de un racismo estructural, exclusión y expoliación; mismas que afectan principalmente a los habitantes del área rural indígena y campesina; sin un atisbo de mejorar las condiciones para las mayorías (PNUD, 2005). Esta situación se agrava más en las mujeres indígenas y rurales, por su condición de mayor vulnerabilidad.
La situación de la mujer indígena y campesina sigue siendo de profunda pobreza y exclusión en el área rural. Según el Programa de Naciones Unidas “…históricamente no han gozado o no gozan todavía del mismo rango de derechos sociales, económicos y políticos que el resto de sus compatriotas, por ser diferentes… requiere entonces comprender las complejas interrelaciones existentes entre identidad, cultura, desigualdad y racismo”.
Aunando los problemas estructurales de pobreza que sufren las mujeres indígenas, existen otras causas relacionadas al machismo y a la discriminación que no les permiten gozar en igualdad de condiciones de sus derechos fundamentales. El machismo arraigado en las comunidades del área rural, pone a las mujeres indígenas y campesinas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Es una mala tradición en al área rural, que a las mujeres no se les hereda propiedad, porque en el pensamiento excluyente y machista, la mujer se casará y el esposo le dará casa y comida, y que, por lo consiguiente, la herencia de las propiedades es para los varones de la familia, ya que ellos sí tendrán la responsabilidad de asegurar techo y comida para su futura esposa. Esta práctica tradicional es sin lugar a dudas una de las más graves violaciones al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
Existen algunas prácticas, en que se privilegia al hombre con las mejores propiedades y con la tierra más cultivable, en muchas ocasiones, con el pretexto de que el hombre sí trabajará la tierra y la mujer no. Estas prácticas discriminatorias sin lugar a dudas, ponen a las mujeres indígenas y campesinas en una posición inferior frente al hombre en el campo.
Hace unos días en una diligencia ante el sistema de justicia oficial, una mujer campesina víctima quería que se agilizara la recepción de su declaración, debido a que, en su comunidad en su casa, estaban por parir unos sus cerdos. Ella al final dijo que era importante su declaración ante el sistema de justicia, pero, dadas las condiciones económicas de sus familias, ella preferiría darles prioridad a sus animalitos de casa, porque al final de cuentas, con eso, apoyaba a la economía familiar.
Que las mujeres indígenas y campesinas sean sujetas de derecho a la propiedad individual y colectiva, sin lugar a dudas, asegura el patrimonio familiar y sobre todo asegura el futuro de sus hijos, asimismo, que las mujeres indígenas y campesinas sean sujetas de derecho en los programas estatales de economía campesina y agricultura familiar, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de miles de familias del campo.
