Por: Cristian Velix
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, expresó que accionarán ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revocar la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual decidió ayer mantener el antejuicio a cuatro diputados señalados en el Caso Tigo.
“En cuanto a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia con respecto a los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano, Juan José Porras y Marco Antonio Orozco, la Fiscalía al momento de ser notificada hará un análisis en relación con la determinación que tuvo la Corte para declarar sin lugar la formación de causa”, agregó el investigador.
En esa línea, el fiscal indicó que tras de ello se tendría que plantear la acción que corresponde, que en este caso es una acción constitucional de amparo que deberán resolver los magistrados que integran la CC.
Ayer la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ) conoció cuatro solicitudes de retiro de antejuicio que planteó la FECI en contra de los congresistas mencionados, sin embargo, a pesar de darles trámite inicialmente a los requerimientos, la CSJ terminó rechazando los planteamientos hechos por la Fiscalía.
CASO
Según las investigaciones los diputados aludidos recibieron sobornos a cambio de que se aprobaran determinadas leyes. Los pagos indican las pesquisas se hacían cada dos meses por un monto de Q50 mil y provenían de la empresa Tigo.
En esa línea, la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan que bajo ese mecanismo la entidad de telecomunicaciones se benefició de la aprobación de una normativa.
Dichas coimas fueron entregadas, aparentemente, por dos directivos de la entidad comercial, siendo ellos Luis Fernando Valladares Guillén y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía, a quien también la unidad de investigación referida pidió que se le levantara la inmunidad.
Los recursos remitidos por Tigo explican los entes investigadores eran entregados a personal de confianza de la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, y posteriormente era repartido a los diputados.
Esa forma de operar, según el MP, se mantuvo entre 2012 y 2016, en donde los parlamentarios, detallan las averiguaciones, recibían y cumplían órdenes de Baldetti, acerca de las decisiones que debían tomar como legisladores.
