POR HEDY QUINO
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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso se encuentra dividida por la solicitud que planteó el diputado Juan Manuel Giordano de cesación del cargo del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Augusto Jordán Rodas Andrade. De un lado se encuentran los partidos políticos aliados del oficialismo que buscan destituirlo y por el otro, las agrupaciones de la oposición que no ven causales para hacerlo.
Esta semana dicha Sala Legislativa contempla reunirse para emitir un informe sobre la petición de destituir al Procurador y enviarlo al pleno de diputados del Congreso para que, por medio de una votación de 105, se decida si se da o no la cesación del cargo de Rodas Andrade.
La Comisión necesita alcanzar la mayoría de los votos para que el caso lo conozca el pleno, por lo menos deberá reunir ocho votos de los 13 integrantes que la conforman, según la ley, la mayoría calificada es la mitad más uno.
El presidente de la Sala, Aníbal Rojas, afirmó que sí cuentan con los votos para que el pleno conozca la petición de cesación del cargo del Procurador.
“Por supuesto, los votos sí están en la Comisión, pero eso no determina la cesación del cargo hasta que llegue al pleno”, dijo Rojas.
Sin embargo, el diputado de Compromiso Renovación y Orden (CREO), Carlos Fión, considera que difícilmente se alcancen los ocho votos, pero teme que exista una estrategia de los oficialistas para obtener los votos suficientes.
La diputada Sandra Morán de Convergencia, también coincide con que la Sala no logre obtener los votos requeridos para que la solicitud de destituir al Procurador lo conozca el pleno.
En tanto, el diputado Amílcar Pop indicó, al igual que Fión y Morán, que su voto sería en contra de que el caso se envíe al pleno, ya que no se prestará a un show mediático y venganza política.
Mientras que la diputada Nineth Montenegro, explicó que no existen causales para que se realice la cesación del cargo de Rodas Andrade, pues las acusaciones en su contra no forman parte de sus funciones.
DESTITUIR AL PDH SIGNIFICARÍA UN GOLPE A LA DEMOCRACIA
Montenegro también detalló que la destitución del Procurador significaría un retroceso en los avances de la lucha por la democracia que ha tenido el país. “El querer debilitar una institución que es símbolo de Estado de Derecho y símbolo de democratización en Guatemala es riesgoso”, enfatizó.
“Tener una Procuraduría de los Derechos Humanos nos costó, especialmente a los familiares de los desaparecidos, quienes en los años 80 nos encontramos con graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, declaró.
“No se trata de las personas, no importa quien esté, mientras cumpla y entienda la defensa de los derechos humanos, sino se trata de la intencionalidad de poder debilitar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo cual afecta a la defensa de los intereses de los guatemaltecos”, agregó Montenegro.
