POR HEDY QUINO
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Los diputados del Bloque TODOS e integrantes de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, buscan por medio de una iniciativa de ley castigar con cárcel al colaborador eficaz por declaraciones que brinden en un proceso penal, así como descalificar las declaraciones de un testigo que presente el Ministerio Público (MP) en un caso judicial, si se considera que no son idóneos.
La propuesta de los diputados es reformar el Código Procesal Penal. Una de estas modificaciones es que los testigos, previo a dar declaraciones, deben contar y comprobar que cuentan con la idoneidad para hacerlo.
“Los testigos deben contar imprescindiblemente con idoneidad, para el efecto deben tener las siguientes calidades: no ser procesado por delitos graves en el momento de su declaración o ser señalado de encabezar un grupo delictivo o ser actor intelectual del mismo, no haber sido condenado por delitos contra la vida, contra la seguridad sexual, plagio o secuestro, extorsión y sus delitos conexos”, establece una de las reformas.
Además, ese mismo artículo contempla: “Se les indagará sobre su idoneidad, relaciones con las partes, antecedentes penales, clase de vida, situación procesal, si hubiera abierta una causa penal en su contra y cuanto pueda dar información al respecto”.
La iniciativa de Lau y Alejos también obliga al MP a presentar ante los jueces y tribunales un informe sobre la idoneidad del testigo. Asimismo, la ley le permitirá al sindicado, a su defensa y demás partes procesales a pronunciarse sobre si es idóneo o no el testigo.
La propuesta de los diputados indica los motivos por los cuales un testigo no es idóneo para declarar siendo estos: tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate, ser amigo o enemigo de una de las partes procesales o de su abogado o representante, haber sido el testigo condenado por delito doloso, que el testigo tenga antecedentes de violencia, testificar violando el secreto profesional activo o pasivo y que el testigo pueda representar un peligro de daño social.
SIN ACCESO A INFORMACIÓN DE LOS CASOS
Lau y Alejos también buscan que las investigaciones judiciales se declaren bajo reserva. “Todos los actos de investigación serán reservados para los extraños. Los actos de investigación, medios de convicción o de prueba, diligencias, datos y cualquier información que conste de investigaciones penales, expedientes ministeriales, carpetas judiciales o cualquier documentación relacionada con procesos de naturaleza penal, se considera información reservada y por tanto está protegida por lo regulado en la Constitución, el presente Código y en la Ley de Acceso a la Información Pública”, dice la iniciativa.
CASTIGO AL COLABORADOR EFICAZ
Uno de los últimos artículos de la ley establece que los funcionarios, empleados públicos administrativos, fiscales o judiciales que realicen actos u omisiones que violen, varíen o tergiversen el debido proceso penal, serán sancionados con cinco años de cárcel inconmutables, multa de cien mil a doscientos mil quetzales e inhabilitación para ejercer un cargo público.
Esta pena aumentará en una tercera parte si el que comete el delito se incorpora o permite la incorporación al proceso penal de testigos o colaboradores eficaces no idóneos o falten a la verdad.
Esa misma sanción será aplicable para los testigos o colaboradores eficaces que falten a la verdad dentro de la diligencia judicial, de investigación o que preste testimonio a cambio de beneficios personales no regulados en ley.
El diputado Felipe Alejos es señalado de un caso de corrupción, Traficantes de Influencias, una estructura a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dedicada a la devolución del crédito fiscal bajo prácticas ilegales según investigaciones del MP y la extinta CICIG.
En tanto Juan Ramón Lau, fue el presidente de la Comisión anti CICIG, que buscaba investigar todo lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante sus doce años de funcionamiento en el país.
