CIUDAD DE MÉXICO/AP
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pedirá a la fiscalía general y al consejo judicial una investigación exhaustiva de los funcionarios públicos acusados de malograr a tal punto la pesquisa sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 que algunos de los principales sospechosos han sido liberados.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo hoy que la liberación de Gildardo López Astudillo sienta un precedente que podría conducir a la liberación de otros 50 sospechosos.
Encinas dijo que éstos se sumarían a 53 de los 142 sospechosos ya liberados. Sostuvo que la responsabilidad es de los funcionarios que fabricaron pruebas, emplearon la tortura y un encubrimiento para malograr un caso en el que existían pruebas reales para juzgar a los responsables.
“Es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia a la fiscalía general y el poder judicial en este caso”, dijo López Obrador.
Las autoridades sostienen que los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía de Iguala, Guerrero, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, cuyo presunto cabecilla era López Astudillo.
Jesús Murillo Karam, procurador general durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, adquirió triste fama al anunciar la “verdad histórica” sobre la desaparición de los estudiantes. Dijo que los mataron e incineraron sus cadáveres en un basural. Pero expertos independientes dijeron que no había pruebas que fundamentaran esa conclusión.
“La mal llamada ‘verdad histórica’ se construyó con base en la disimulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, sostuvo Encinas. “La verdad histórica choca con la propia realidad”.
