Las declaraciones del ministro de Gobernación el día de ayer, reiterando que no darán información de los anexos o cuestiones pendientes del acuerdo suscrito con Estados Unidos y al que Trump llamó de Tercer País Seguro, confirman que para el Gobierno Guatemala es como su finca con la que pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana, comprometiendo al país según su criterio y gusto, sin tomar en cuenta a la población ni a una opinión pública que sigue sin tener conocimiento de lo que se ha acordado, más allá de que se trata de un esfuerzo desesperado por lograr impunidad a cambio de poner a todo un territorio y todo un pueblo al servicio de los intereses de reelección del mandatario norteamericano.
La única forma de terminar con las especulaciones, que tanto molestan al asesor de la Casa Blanca que vino a Guatemala, es siendo transparentes en lo que se está negociando porque con ello se puede saber cuáles son los límites que se ha impuesto el Gobierno de nuestro país y hasta dónde puede ceder a las exigencias de los Estados Unidos y cuál sería el beneficio derivado de la negociación. Porque negociar sin beneficio para una de las partes no es negociación sino sometimiento y entrega y eso es lo que no conviene a nuestro país. Mientras no se especifique el rumbo de la “negociación” lo que queda es que la única parte del lado guatemalteco que gana realmente son los funcionarios de Gobierno que están desesperados por asegurar su impunidad para el futuro, porque hasta en el tema de las visas de trabajo, triplicar las existentes para llegar en el mejor de los casos a 24 mil permisos es poco en comparación con la obligación de hacerse cargo de los hondureños y salvadoreños (se supone) que solicitarían y esperarían aquí la resolución a su reclamo de refugio o asilo.
Hoy por hoy están negociando como quien quiere vender su propia finca y no tiene obligación de informarle a nadie de los términos de su negociación. Pero ocurre que Guatemala no es la finca de Morales, Jovel o Degenhart y que, por el contrario, ellos son únicamente depositarios del poder por más que en farisaicos desayunos los proclamen como los “elegidos de Dios” porque para su dolor y tristeza, institucional, formal y constitucionalmente somos una democracia donde las autoridades no tienen señorío sobre vidas y haciendas para hacer lo que les da la gana sino que tienen que tomar en cuenta a una ciudadanía que les reprueba.
