El expresidente Otto Pérez Molina llegó a Tribunales por el nuevo caso en su contra, denominado Red de Poder. Foto La Hora: José Orozco

Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El expresidente Otto Pérez Molina calificó al Caso La Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, en el que se le vincula, como “una de las últimas patadas de ahogado, que está dando, lamentablemente, la CICIG antes de irse”.

Dichas declaraciones las dio esta mañana a su llegada a la Torre de Tribunales en donde estaba programada la audiencia de primera declaración en su contra en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán.

Asimismo, el exmandatario dijo que su abogado había leído “hasta la última hoja” y que contra él no había encontrado nada, y agregó que “lo jalan a uno” para hacer “más grande el caso o darle más relevancia, no sé qué estará pensando”.

“Contra mí ahí no hay absolutamente nada, nada, entonces es un caso armado a la carrera, un caso en donde están queriendo jalar gente, para meter más, pero que no tiene ningún sustento”, manifestó Pérez Molina.

En ese contexto, el expresidente comentó que espera que la jueza, en la primera audiencia, pueda pedirle al Ministerio Público (MP) que “verdaderamente” presenten indicios en donde él pueda estar comprometido.

Junto al exmandatario se presentó a la judicatura el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, el ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos, como también su esposa, Beatriz Bianchi.

Asimismo, compareció en el órgano jurisdiccional que dirige Aifán, Rafael Pereira, no así Gustavo Espina quien estaba también citado, pero no se presentó.

CASO

Según las investigaciones los señalados eran parte de una red de personas que se coordinaron para obtener beneficios, producto del cobro millonario de comisiones. Las pesquisas indican que el objetivo de la organización criminal era apoderarse del Estado y de sus distintas instituciones.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), explican que con ese objetivo buscaban extraer recursos a través de los particulares que mantenían adjudicaciones estatales y de esa manera enriquecerse de forma ilegal.

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