Por Eder Juárez
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que explica que el Gobierno de los Estados Unidos y Guatemala han celebrado varios acuerdos cuyos términos fomentan la expansión en cuanto a la capacidad de recepción de migrantes, adjudicación de demandas de protección, refugio e infraestructura de mudanzas y que prevén lograr un convenio más, aunque no dan mayores detalles de los alcances de este.
Ante dicho anuncio, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, aseguró que lo que está haciendo el Gobierno es burlando el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), emitido el domingo 14 de julio en el que le ordenaba al presidente Jimmy Morales no firmar ningún acuerdo como Tercer País Seguro, no sin antes que dicho acuerdo pasara por el Congreso de la República.
Según Marroquín, “hay que recriminar que no hay acceso, no hay rendición de cuentas e información al público de estos acuerdos y lo que evidencia es que son acuerdos que seguramente van en contra del interés nacional, porque por qué motivo va mantener el Gobierno en secreto lo que negocia con otro país”.
Asimismo dijo que harán solicitudes de información para conocer el contenido de los acuerdos puesto que es una harta obligación del Gobierno darlos a conocer. De acuerdo con Marroquín, esos acuerdos podrían ser un fraude de Ley, “por eso nosotros vamos a pedir una ampliación al amparo solicitado a la CC para que el Gobierno se abstenga de firmar cosas que puedan tener contenidos similares a lo que era la figura del Tercer País Seguro, porque efectivamente estaría en fraude de Ley”.
Por su lado, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, indicó que este es un convenio “paraguas” y el grave problema es que no se tiene información de lo que se firmó, “si se hubieran salido del guacal es posible que hubiesen violado la disposición de la CC, porque obviamente en aquel momento éramos prácticamente desconocedores del tema y había que darle un nombre a ese convenio”, dijo.
Orellana recordó las declaraciones del exviceministro de Gobernación, Luis Arévalo quien aseguró que no necesariamente se llamaría acuerdo de Tercer País Seguro, “solo le cambiaban el nombre y se salían con la suya, y ese razonamiento va muy pegado con la lógica que han venido usado, acuérdese no compramos, adquirimos, entonces en estos casos hay que atenernos a la esencia del convenio y eso no se puede saber mucho hasta no tener el texto”.
Agregó que el espíritu de lo que dice la CC es que independientemente del nombre, estos acuerdos si deben ir al Congreso de la República.
“La Ley de Amparo sanciona como desacato el hecho de incumplir sus resoluciones, el punto importantísimo es si efectivamente le jugaron la vuelta a la CC y aparte de ser fraude de Ley y que ese convenio no cobra vigencia, tenemos adicionalmente la aviesa intención del Presidente que no solo es desacato sino el delito de violación a la Constitución” señaló Orellana.
