Por: Cristian Velix
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“Un tonto útil, una persona que Alejandro Sinibaldi estuvo dispuesto a sacrificar”, fueron las palabras emitidas por Juan Ignacio Florido en la continuación del juicio en su contra y de otras dos personas en el Caso Odebrecht.
Su declaración la pronunció ante el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, judicatura en la cual el acusado agregó que estaba quebrado moralmente, familiarmente, financieramente y muerto civilmente “por haber servido como un peón sacrificable de Alejandro Sinibaldi”.
De igual manera, Florido indicó que no sabía que el exjefe del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) se transformaría “en el delincuente en el que se convirtió” y añadió que Sinibaldi era visto como un empresario de éxito.
“A mí me resulta muy triste y muy irónico (sic) que los cerebros de esta situación, que las personas que crearon el andamiaje legal, el andamiaje corporativo, empezando desde el mismo Marcelo Odebrecht, que esté libre en su mansión en Sao Paulo, el mismo Alejandro Sinibaldi, que esté libre gozando de la plata”, concluyó el acusado.
Después de él, declaró Juan Manuel Molina Coronado, quien dijo que el caso no tenía sustento. “Yo soy inocente de los cargos que se me imputan”, señaló Coronado.
Por otra parte, Juan Manuel Antillón Klussmann, el tercer acusado, manifestó que era víctima del expresidenciable Manuel Baldizón. “Él (Baldizón) me engañó, yo ingenuamente le creí que venían proyectos a Centroamérica y me dejé llevar”, finalizó Klussman.
Luego de escuchar a los procesados, la presidenta de la judicatura, Yassmín Barrios, citó a las partes para el próximo lunes 22 de julio, en la cual se espera que el Tribunal cierre el debate y emita la sentencia.
INVESTIGACIÓN
El caso en el que están vinculados los tres señalados que comparecieron hoy investiga la supuesta entrega de sobornos por parte de la empresa Norberto Odebrecht, entidad que fue beneficiada con la ampliación y rehabilitación de la Ruta CA-2 Occidente, adjudicación por la que, aparentemente, Sinibaldi solicitó una comisión de 7.5% del costo total del contrato, coimas que presuntamente alcanzaron a Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Baldizón.
