POR HEDY QUINO
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Luego que se develara el Caso Asalto al Ministerio de Salud, por el que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitará el retiro de inmunidad de diez diputados que podrían haber participado en una red de corrupción a lo interno de la cartera, dos de los legisladores se pronunciaron.
Santiago Nájera de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Luis Contreras, de Compromiso Renovación y Orden (CREO), trataron de desvirtuar los señalamientos en su contra de posiblemente incurrir en el delito de tráfico de influencias.
El congresista Contreras indicó que los indicios en su contra no tienen sustento: “No me siento muy afectado, estoy tranquilo. En el momento vamos a esclarecerlo y ver qué deciden las Cortes”, dijo.
“Nosotros los diputados podemos intermediar en algunas cosas, puede ser que hayan salido cosas de su contexto, pues depende de cómo interpretan la Ley”, añadió Contreras.
“Tráfico de influencias en el Congreso es una línea muy tenue entre la intermediación y esa cosa, nosotros como diputados tenemos derecho constitucional de intermediar, así como fiscalizar y legislar”, declaró sobre el delito del que se le señala.
Mientras que el congresista Nájera declaró: “Para mí esta noticia me impresiona, porque yo nunca he estado involucrado en acciones de esa naturaleza, lo que sí es probable es que por muchos años he dado cartas de recomendación”.
“Un político que le llega su gente de un departamento a pedirle una carta de recomendación y que no se lo da ya es su enemigo y en la próxima campaña ya no lo apoyan”, agregó Nájera.
EL CASO
Según las indagaciones del MP y la CICIG, la supuesta estructura criminal develada ayer tenía varias formas de operar para sustraer fondos del Ministerio de Salud, una de esas modalidades era el otorgamiento de plazas como parte de pago de favores políticos y que eran requeridas por distintos funcionarios.
“Para la estructura era importante colocar personas afines en los puestos de dirección, así como las jefaturas de recursos humanos o el área financiera, pues esto les permitía continuar colocando plazas en las áreas de Salud o en hospitales”, indicaron las entidades en una presentación proporcionada a los medios de comunicación.
Para sustentar las pesquisas, los fiscales realizaron análisis a dispositivos electrónicos en los que encontraron carpetas donde se manejaban estas entregas de plazas a funcionarios de otras entidades.
“Las propuestas realizadas por los distintos funcionarios públicos eran hechas mediante Oficios del Congreso de la República. Con la “recomendación” se daba inicio a un mecanismo creado con la finalidad de beneficiar a personas afines con plazas en el Ministerio de Salud”, explican en la presentación antes mencionada.
Antes de esto, los diputados tenían acercamientos con el ministro Villavicencio en su despacho, para luego proceder al aval de este y los oficios del Congreso.
