POR HEDY QUINO
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La Comisión Pesquisidora que analiza la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares, por su posible vinculación al Caso Tigo, solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que complete el expediente del caso.
El lunes recién pasado, la Pesquisidora recibió el expediente de Valladares, el cual está conformado por 9 mil 723 folios, entre físicos y digitales, estos últimos fueron entregados en dispositivos USB, los cuales estaban dañados, pues no permitían ingresar a ellos.
Por esta situación, el diputado Juan Manuel Giordano indicó que volverán a pedir a la Corte toda la documentación digital, a la que no se puede acceder. “Falta mucha información, vamos a pedir que completen la información”, dijo.
La Pesquisidora tenía contemplado realizar este miércoles una reunión en la que discutirían el cronograma de actividades, pero por esa circunstancia no se llevó a cabo.
CASO TIGO
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo, a cambio de sobornos de hasta Q50 mil bimensuales a diputados.
De acuerdo con las pesquisas, la normativa fue hecha para favorecer a la telefonía Tigo, por lo que esta fue elaborada en conjunto por representantes de dicha empresa y por diputados que siguieron las instrucciones que les giró la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Por este caso también enfrentan un proceso de antejuicio los diputados Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Mirma Magnolia Figueroa, Marco Antonio Orozco, Haroldo Quej, Gustavo Medrano y Boris España.
