Lic. Douglas Abadía Cárdenas
douglas.abadia@gmail.com
Las condiciones de pobreza, el aislamiento geográfico, las deficiencias en la dotación de agua y saneamiento básico, la baja cobertura educativa, la deficiencia del seguro social y la escasa proyección de la red de servicios se reflejan en un perfil sociosanitario de elevada precariedad.
La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.
Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo.
En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de éste. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita.
Debe señalarse que varios de los problemas de salud son derivados de los bajos niveles de saneamiento ambiental y las deficiencias en la educación en salud de la población. Guatemala ofrece condiciones topográficas favorables para la transmisión de enfermedades por vectores, condiciones que se ven magnificadas por la falta de saneamiento y la existencia de la multiplicidad de depósitos de agua estancada.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es el segundo gran prestador de servicios de salud del sector público en Guatemala, tanto por el nivel de cobertura, así como por el número de personal que labora en la prestación de servicios de salud. El IGSS es una entidad semiautónoma que dirige sus acciones a los trabajadores asalariados afiliados, sus dependientes y al sector de jubilados (clases pasivas).
La Gerencia del Instituto de Seguridad Social cuenta con dos Subgerencias: la de Administración Financiera y la de Administración de Prestaciones. Esta última coordina el trabajo de los departamentos médicos (central y departamental) que a su vez supervisan las unidades operativas compuestas por hospitales, consultorios y puestos de salud. Las prestaciones pueden ser en dinero o en servicios; estas últimas están agrupadas en tres programas: enfermedad, maternidad y accidentes.
Guatemala debiera procurar la implementación de un régimen de “Seguridad Social” que dignifique a la persona, principalmente en su vejez. En nuestro país lo anterior no se cumple y el afiliado, además de no tener opción, tiene la obligación de pagar un servicio que cuando se presta, es por lo regular muy malo.
El monopolio legal que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), le permite, de forma continuada y en aumento, abusar de sus afiliados.
Sus funcionarios y empleados, con raras y honrosas excepciones, protegidos por el ambiente generalizado de impunidad que prevalece en Guatemala y que los operadores de justicia se distinguen en fomentar y, –por supuesto–, se benefician económicamente; despilfarran y saquean los recursos que pertenecen a los afiliados.
Guatemala es un país con índices altos de desempleo, la pobreza y las limitaciones económicas tienden a incrementarse, dando como resultado la proliferación de fenómenos alternos como la delincuencia y la mortalidad.
Cuando una persona sufre de alejamiento del sector laboral estable, de no encontrar un aliciente para satisfacer sus necesidades básicas aunado a recibir las prestaciones de ley, se acercan a la economía informal.
La participación política es importante al igual que la lucha por la búsqueda de nuevas rutas basadas en propuestas programáticas y prácticas políticas totalmente diferentes, que permitan que muchos guatemaltecos y guatemaltecas puedan participar más activamente en la refundación del Estado.
