Justo cuando se presentó la denuncia por las erogaciones a favor de los expatrulleros de autodefensa civil como una forma de compra de votos, el Fiscal de Delitos Electorales del Ministerio Público presentó su solicitud para gozar de un permiso sin goce de sueldo durante tres meses, lo que por supuesto ha despertado sospechas, sobre todo luego de que se intentó contactar al funcionario y no respondió las llamadas ni los mensajes que se le enviaron por los mismos medios que anteriormente utilizó para comunicarse con los periodistas.
La ausencia del Fiscal a escasos días de que se realicen los comicios tiene que despertar, con toda la lógica del caso, enormes dudas y suspicacias sobre la razón que tuvo para apartarse, especialmente porque, como dijimos al principio, a esa fiscalía llegó la denuncia presentada por el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, respecto a la utilización de fondos públicos para beneficio de sectores que históricamente han sido la fuerza electoral del oficialismo. Y a ello se suma el ofrecimiento a los exsoldados del Ejército de que su solicitud de un resarcimiento de 85,000 quetzales por persona será respondida después de las elecciones, cuando se pueda determinar cuál fue su participación en ese proceso.
Ya sabemos que el Tribunal Supremo Electoral no ha podido llevar al centavo las cuentas de los partidos políticos que gastan a manos llenas el dinero de financistas que permanecen en el anonimato con la tranquilidad de que sin una CICIG que investigue ni un Ministerio Público que acuse, el financiamiento se vuelve aún más impune de lo que habían logrado con las reformas a la legislación sobre esa materia. Mucho menos podrá reaccionar ante el viejo clientelismo que ha descansado en expatrulleros y ahora en exsoldados para beneficiar al oficialismo que, en el caso actual, de no contar con esa esperanza no tendría ninguna posibilidad por los más magros resultados que algún Gobierno haya podido ofrecer.
Por ello la situación despierta tanta sospecha luego de que se produjo la serie de acciones legales para atajar participaciones políticas que pudieran constituir alguna forma de riesgo para el sistema que se acomoda perfectamente y se protege a si mismo a fin de garantizar la continuidad de la dictadura de la corrupción que ha sabido jugar sus piezas con habilidad y que no está dispuesta, ni por asomo, a permitir que pueda producirse algún sobresalto. Y la experiencia con los ex PAC, que fueron utilizados aun antes de que se hicieran erogaciones, parece alentar nuevas prácticas similares.
