Por Cristian Velix
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El Tribunal de Mayor Riesgo “B” aceptó la petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de que siete condenados por el delito lavado de dinero u otros activos en el caso Génesis (Mendoza) resarcieran al Estado alrededor de Q15 millones.
No obstante, el Tribunal rechazó la solicitud de la PGN de que fueran devueltas doce fincas por los señalados en el Caso Génesis.
La judicatura indicó que la restitución debía hacerse a favor de las víctimas y no del Estado.
LA SOLICITUD
La PGN solicitó esta mañana al Tribunal de Mayor Riesgo “B” que fueran restituidas las fincas que se podrían haber despojado y de las que se beneficiaron las personas sentenciadas el 29 de mayo en el Caso Génesis.
De esa forma la PGN pidió a la judicatura que ordenara que fueren restablecidas doce fincas que, según la investigación, fueron obtenidas mediante el amedrentamiento y amenazas en contra de sus propietarios, quienes fueron obligados a dejar o vender sus tierras.
Asimismo, solicitó que Walter Obdulio Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, señalados de haber legalizado las fincas de los campesinos despojados, regresen al Estado la cantidad de Q6 millones 40 mil 107 y de Q4 millones 341 mil 734, respectivamente.
Dicho reclamo, según la Procuraduría, se hizo con base a la cantidad con las que fueron inscritas en el Registro de la Propiedad las tierras desposeídas. Esta petición se relaciona con el delito de usurpación agravado por el que fueron sentenciados Obdulio Matta y Ramírez Ortiz. Sin embargo, el requerimiento también rechazado
Por otra parte, la representación del Estado requirió que siete condenados por el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos entregaran cerca de Q15 millones 51 mil 285 en concepto de reparación digna para la nación.
Esa petición deberá ser cancelada por Walter Obdulio Mendoza Matta, Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, Jeffrey Obdulio Mendoza Tally, Willian Alfredo Mendoza Tally, Marina Isabel Mendoza Tally, Pablo André Mendoza Paz y Julia María Murillo Arteaga.
CASO
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los condenados formaban parte de una red criminal que se apropió y se benefició de terrenos en Petén.
Esas tierras fueron, señalan las pesquisas, otorgadas a las víctimas por parte del Fondo de Tierra (Fontierras). Los entes investigadores detallan que fueron funcionarios de la entidad que otorgaron las fincas, quienes colaboraron en adquisición de estas por Mendoza Matta y Ramírez Ortiz.
Para ello también se utilizaron abogados. Posteriormente la totalidad de las propiedades despojadas fue administrada por Ramírez Ortiz, agregan las líneas de investigación, y fue él quien canalizó fondos de las ventas de las fincas a la familia de Mendoza Matta.
