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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
El 15 de mayo un grupo de militares de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, llegaron al Congreso y exigieron un resarcimiento de Q85 mil para cada uno, supuestamente suman 1 millón 700 mil afiliados. Advirtieron que de no cumplir con su petición bloquearán las calles el día de las elecciones generales, el 16 de junio. Las amenazas subieron de tono y la semana pasada dijeron que podían “armar bombas”. Después de varios cuestionamientos, los exsoldados no volvieron a pronunciarse. Ante esto surgen las dudas ¿Quién está detrás de estas amenazas? ¿Qué acciones emprenderán las entidades de seguridad, justicia e inteligencia para evitar que las advertencias se conviertan en realidad? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Por qué pareciera quedarse acéfalo el movimiento?
La Hora se comunicó con Edwin López, uno de los exmilitares que ofreció declaraciones a los medios de comunicación el 15 de mayo, pero indicó que se “desligó del tema y de todo”, y que desconocía las acciones que realizarían. López no quiso profundizar ante las preguntas de este medio de comunicación.
Por otro lado, se buscó a Francisco Calmo de León, presidente de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.
Debido a las dudas que surgieron, este vespertino también se comunicó con José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) para conocer qué relación tienen con el grupo de militares retirados que ha lanzado estas amenazas, pero respondió que son diferentes.
“Nosotros somos diferentes, no estamos en ninguna presión, ninguna amenaza. Nosotros estamos haciendo una solicitud similar a la de los compañeros. Estamos por otro lado presionando, pero nosotros lo estamos haciendo por los lados normales, legales, a través de las autoridades correspondientes”, indicó Quilo.
AVEMILGUA
El presidente de Avemilgua no descartó que dentro del grupo de soldados que está protestando por el resarcimiento, exista un porcentaje que sea parte de Avemilgua; reiteró que ellos se rigen por los principios democráticos.
“Nosotros no tenemos absolutamente nada, ni siquiera estamos –pensando- en amenazas de ningún tipo, lamentablemente los nombres confunden. Nosotros hemos sido muy enfáticos con nuestros socios diciéndoles que eso –lanzar amenazas- no está de acuerdo -con- nuestros principios democráticos, lo que puede pasar es que dentro de los otros grupos hay algún socio de Avemilgua. Nosotros somos una organización muy grande, alrededor de 400 mil socios militares, pero dentro de esos puede haber unos 20 o 30 que estén unidos a esos otros grupos que están protestando”, explicó Quilo.
PERSISTEN DUDAS
Ante las declaraciones de López y la falta de respuestas, surgen las dudas en torno a quién o quiénes pueden estar detrás del movimiento, la elección de las fechas de protesta y la “paciencia” que ha tenido el Gobierno con los exmilitares a los que le pidió “reflexionar”.
¿QUÉ HARÁ MINGOB Y MP?
Luis Enrique Arévalo, viceministro de Seguridad, fue consultado el 24 de mayo por las amenazas de los militares retirados, a lo que respondió que observan un “riesgo bajo” y se limitó a decir que pide a los manifestantes que reflexionen.
“Consideramos un riesgo bajo en ese sentido, consideramos que esa agrupación va a tener el momento de reflexionar y de considerar su postura. Creemos que ellos saben, están conscientes del momento coyuntural que se vive y que precisamente es el proceso electoral. De igual manera en este momento hacemos el llamado para que reflexionen y para que agoten las instancias correspondientes”, reiteró el Viceministro.
Por su parte, Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), indicó que han iniciado una investigación por estas amenazas.
“La Fiscalía tiene a su cargo la investigación, ya se realizaron algunos requerimientos y provisionalmente, es por el delito de coacción contra la libertad política tipificado en el artículo 216 del Código Penal”, indicó.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA SIE?
Debido a esta amenaza, se buscó a representantes de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), entidad que tiene como objetivos: producir y suministrar inteligencia estratégica al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad, que contribuya a la toma de decisiones en función de los objetivos nacionales. Identificar, analizar prospectar escenarios para anticiparse a las amenazas y riesgos al Estado. También, coordinar al Sistema Nacional de Inteligencia.
Mario Duarte, secretario de la SIE, indicó que han coordinado las acciones para prevenir y alertar a las fuerzas de seguridad sobre esta información.
“Como SIE, hemos coordinado con las demás instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia para prevenir y alertar a las fuerzas de seguridad y agencias de investigación sobre toda información e indicios de acciones criminales que busquen impedir, sabotear o alterar nuestras elecciones generales”.
Duarte dijo que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército toman las acciones de seguridad pública y el MP investiga los hechos criminales y a los posibles actores intelectuales y materiales.
“Lo más importante es que la población se mantenga bien informada y no se deje engañar y utilizar por mala información y por personas que buscan afectar las elecciones generales manipulando a grupos sociales que pueden tener legítimos reclamos”, destacó el titular de la SIE.
El entrevistado agregó: “Como Sistema Nacional de Inteligencia apoyaremos para garantizar unas elecciones verdaderamente libres y democráticas y apoyaremos tanto a PNC como al Ministerio Público si lo requieren, para que ellos puedan identificar y llevar a la justicia a quienes pretenden impedir o alterar las elecciones generales”.
Frases
“Nosotros somos diferentes, no estamos en ninguna presión, ninguna amenaza. Nosotros estamos haciendo una solicitud similar a la de los compañeros. Estamos por otro lado presionando, pero nosotros lo estamos haciendo por los lados normales, legales, a través de las autoridades correspondientes”.
José Luis Quilo Ayuso, presidente de Avemilgua.
“Consideramos un riesgo bajo en ese sentido, consideramos que esa agrupación va a tener el momento de reflexionar y de considerar su postura”.
Luis Enrique Arévalo, viceministro de Seguridad.
“La Fiscalía tiene a su cargo la investigación, ya se realizaron algunos requerimientos y provisionalmente, es por el delito de coacción contra la libertad política tipificado en el artículo 216 del Código Penal”.
Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.
“Como SIE, hemos coordinado con las demás instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia para prevenir y alertar a las fuerzas de seguridad y agencias de investigación sobre toda información e indicios de acciones criminales que busquen impedir, sabotear o alterar nuestras elecciones generales”.
Mario Duarte, secretario de la SIE.
