Por Denis Aguilar
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) instó hoy al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a no dar más prórrogas para dar cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reuso de las Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.
La institución indicó que el pasado 30 de abril se emitió el Acuerdo Gubernativo 58-2019, el cual reformó una vez el 23-2006, argumentando que las municipalidades han indicado que debido a varias circunstancias, como la falta de recursos, no han podido concluir con el desarrollo de los proyectos de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
La PDH recordó que el artículo 97 de la Constitución Política de la República establece que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico para prevenir la contaminación, por lo que hicieron el llamado a que cumpla con el Acuerdo emitido el 5 de mayo del 2006.
Asimismo, la PDH indicó que el plazo para dar inicio al cumplimiento con la operación de los sistemas de tratamiento de agua venció el pasado 2 de mayo y que la actual reforma se concedió como fecha límite para la entrada de la operación el 29 de noviembre de este año.
De esta forma, la PDH considera que se está olvidando el fin del Ministerio de Ambiente, que es cumplir y hacer que se cumpla con el régimen sobre la conservación, protección y sostenibilidad del medio ambiente y los recursos del país.
“El Procurador de los Derechos Humanos reitera la urgencia y la necesidad de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con su función principal, ya no conceda más prórrogas para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006, ya que con la vigencia del Acuerdo Gubernativo 58-2019 se cumplen 14 años sin que las municipalidades cumplan con la obligación de construcción y funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales”, dijo el Magistrado de Conciencia en un comunicado.
La Hora trató de obtener una postura del titular del Ministerio de Ambiente, Alfonso Alonzo, pero no respondió a las llamadas.
