Por Denis Aguilar
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La Fiscal General y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, se excusó este día por el atraso en el caso de Sandra Torres y cuatro diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señalados por delitos de financiamiento electoral ilícito, asegurando que se realizaron correcciones con el consentimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) al expediente, lo que influyó en el tiempo entre su finalización y ejecución de las acciones penales que ameritaba.
A pesar de eso, no se despejaron dudas que han surgido alrededor de este asunto, principalmente porque el caso se retrasó aproximadamente cuatro meses –favoreciendo así a Sandra Torres- y en otras oportunidades la celeridad ha sido distinta, como en el caso de Thelma Aldana, por el cual el fiscal del caso Melvin Medina aceptó que debieron correr para completar el expediente que derivó en una orden de captura en su contra.
CICIG: EL CASO ESTABA LISTO DESDE EL 11 DE OCTUBRE
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó ayer una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara la solicitud de antejuicio que presentó junto al Ministerio Público contra la presidenciable Sandra Torres y cuatro diputados de la UNE por delitos de financiamiento electoral ilícito.
La CICIG mencionó en la acción que el caso estaba listo desde 11 de octubre de 2018, pero que este se retrasó hasta febrero de este año; ante esto, la Fiscal se justificó asegurando que los atrasos se dieron con el consentimiento de Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI.
“En cuanto al proceso en referencia, se hicieron varias correcciones y se establecieron distintos análisis jurídicos con el consentimiento del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, para asegurar cada uno de los elementos sustanciales de la imputación, con la adecuada ubicación de los hechos, evidencias y elementos jurídicos”, explicó mediante un comunicado.
Aseguró que es su “mayor responsabilidad” que los casos que se presenten sean objetivos, además de que cuenten con calidad técnico-jurídica y con elementos que refuercen la hipótesis fiscal.
“En este proceso, en conjunto con el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, se consensuaron y establecieron diversas correcciones, observaciones y elementos indispensables de los que carecía inicialmente el caso”, mencionó.
Asimismo, coincidió con declaraciones que dio Sandoval hoy, en donde este aseguró que los tiempos de la investigación no son políticos, sino técnicos, agregando que es “irresponsable” judicializar un caso sin el análisis técnico y jurídico.
Porras se excusó además asegurando que el MP “goza de plena independencia para ejercer las funciones que la ley le confieren”, agregando que ninguna autoridad puede dar instrucciones a la Fiscal General o a sus subordinados.
Además, Porras menciona que es su obligación someter cualquier expediente bajo investigación a un análisis de las plataformas fáctica, jurídica y probatoria, con el fin de determinar que los casos se encuentren debidamente justificados y velar así por su objetividad e imparcialidad.
CASO ALDANA CON MAYOR CELERIDAD
En el comunicado del Ministerio Público, la Fiscal General no hizo ninguna mención a las declaraciones del jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina, encargado del caso contra la exfiscal, Thelma Aldana, quien expresó que tuvieron que correr para completar el expediente de Aldana, celeridad que contrasta con el caso de Torres y la UNE. En el caso de Aldana, tal celeridad supuso que se emitiera una orden de captura en su contra previo a ser inscrita como candidata presidencial.
El atraso benefició a Torres, porque cuando fue presentado el caso la presidenciable de la UNE ya tenía derecho de antejuicio, ya que un día antes había recibido su credencial como candidata a la Presidencia.
