Por LARRY NEUMEISTER
NUEVA YORK / Agencia AP
La reprimenda del juez de distrito Thomas P. Griesa ocurrió durante una audiencia en Manhattan a la que asistieron abogados del país sudamericano y tenedores de bonos argentinos en Estados Unidos.
Griesa advirtió que Argentina tiene todavía la obligación de pagar a sus acreedores estadounidenses, tal como el propio magistrado ordenó en un fallo de 2012 que fue avalado en junio por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La cantidad adeudada asciende a unos mil 500 millones de dólares.
El magistrado señaló que todas las declaraciones de los funcionarios argentinos han dejado a un lado esa obligación.
«Las verdades a medias son falsas y engañosas», dijo Griesa. «Las verdades a medias no cumplen con la ley, que requiere la revelación de los hechos».
Lejos de amedrentarse, Buenos Aires redobló la apuesta y acusó al juez de «pretender someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los ‘fondos buitre’ lo que pretenden», indicó el ministerio de Economía en un comunicado emitido el viernes por la tarde.
Argentina cayó en un limbo económico después de que el miércoles fracasaron las conversaciones con los bonistas litigantes favorecidos por el fallo de Griesa. El país se vio obligado a caer en cesación de pagos, lo que podría profundizar su incipiente recesión si no se resuelve pronto la disputa con los acreedores en Estados Unidos.
El tribunal de Manhattan bloqueó los intentos de Argentina de pagar intereses por 539 millones de dólares a tenedores de bonos que aceptaron dos canjes de deuda en 2005 y 2010, y los cuales incluyeron grandes reducciones al capital, hasta que Buenos Aires llegue a un acuerdo con los fondos de cobertura estadounidenses que litigaron con el país en los últimos años.
El juez sí aprobó una orden en la que permitió que algunos de los bonistas europeos que aceptaron el canje reciban sus pagos.
«Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados. De este modo, lejos de mantener el statu quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre», aseveró el ministerio de Economía argentino, que llama así a los fondos de cobertura acreedores.
Pese a sus duros términos contra Argentina, el juez instó a las partes a seguir negociando, lo cual repercutió positivamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que cerró la semana con un alza de 1.69% a 8 millones 326,920 puntos. No obstante, el dólar en el mercado oficial subió 0.24% a 8.25 pesos por unidad, mientras en el informal su cotización alcanzó los 12.80 pesos por unidad, 0.79% más que en la víspera.
La divisa estadounidense es el refugio preferido de los ahorristas argentinos en época de turbulencia económica.
En Wall Street las acciones de las energéticas argentinas sufrieron pérdidas de entre 2% y 3.4%.
El abogado Jonathan Blackman dijo a Griesa que Argentina tiene la intención «de buena fe de continuar este diálogo», pero que su gobierno había perdido la fe en el mediador designado por la corte Daniel Pollack, después de que éste emitió un comunicado el miércoles diciendo que Argentina «caería de forma inminente en mora».
La calificación de que el país sudamericano estaba en cesación de pagos —después que los pagos al 92% de los tenedores que habían intercambiado bonos no fueron hechos antes del plazo del miércoles— enfureció a los funcionarios argentinos, quienes habían sostenido que la nación no estaba técnicamente en cesación de pagos, ya que había hecho los pagos a los bancos, los cuales obedecieron órdenes judiciales y se negaron a remitir el dinero a los tenedores de bonos.
Oponiéndose a la postura de Argentina, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (International Swaps and Derivatives Association), una entidad que representa mayoritariamente a los grandes bancos internacionales, declaró el viernes a Argentina en cesación de pagos e inició un proceso para el pago de seguros por mora del país en la cancelación de la deuda.
Argentina cuestionó la decisión de esta organización y sugirió que «puede ser ésta una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen».
Y adelantó que «ante esta posible estafa millonaria, el Ministerio de Economía…ha solicitado que, de inmediato, se inicie una exhaustiva investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando esta sociedad ISDA lo decide».
Blackman dijo que los comentarios de Pollack sobre la cesación de pagos eran «dañinos y perjudiciales para Argentina», pues la dañaban ante los ojos de los mercados financieros del mundo y habían echado a perder la «confianza» necesaria para las negociaciones.
Blackman dijo que era necesaria una solución negociada para cubrir las obligaciones de deuda a todos los tenedores de bonos, porque Argentina le debería más de 20 mil millones de dólares a varios tenedores de bonos como resultado de pagar los mil 500 millones de dólares adeudados a los fondos de cobertura estadounidenses. Esos fondos de cobertura son dirigidos por la firma NML Capital Ltd., del multimillonario de Nueva York Paul Singer.
