Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hasta el martes en la noche de la semana pasada, quienes han incentivado una desobediencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) para salvarse de las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y así mantener una hoja sin condenas o resoluciones de un tribunal judicial, cantaban plena victoria con las acciones de Sandra Jovel en Nueva York y el show que armó Jimmy Morales para ratificar lo dicho por Jovel.
Pero el comunicado del G13 les empezó a despertar dudas del futuro y el que sacó Estados Unidos minutos después los dejó pensando mucho. Luego siguieron llegando los apoyos al Estado de Derecho en Guatemala, a la CC y sus resoluciones que, de cumplirse, asegurarían la permanencia de la CICIG hasta el 3 de septiembre de 2019.
En Guatemala, tal y como están las cosas, no hay cabida para vivir de manera simultánea con una desobediencia a la CC, un ataque planeado mejor que el Día D y con un Presidente, una Junta Directiva del Congreso y con al menos diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que trabajan afanosamente para “darle barniz de legalidad” al desacato a la CC y un socavamiento institucional que eventualmente salpicará a nuestra fragilísima democracia.
Eso lo saben los que han ostentando el poder de este país y por eso han empezado a pedir que alcen las voces algunos clamando por salidas a la crisis porque si algo les preocupa son las consecuencias que sus actos puedan tener en torno a sus visas o sus bienes en relación directa con Estados Unidos.
Han querido plantear diversos caminos que insinúan un “borrón y cuenta nueva” pero a mi manera de ver, es necesario retomar el camino que no quisieron seguir después del “mea culpa” y que radicaba en procesos de aceptación, reconocimiento, compromiso de no repetición y reparación. Hay un camino legal que es la Ley de Aceptación de Cargos que terminó siendo desvirtuada pues algunos la quisieron convertir en un instrumento de plena impunidad y eso no se puede si deseamos dar salidas sostenibles a la crisis.
Para quienes han estado dispuestos a aceptar ha habido caminos dignos de reparo y recobro de vidas que alguien estimó perdidas cuando la justicia tocó a la puerta. Hay otros que no desean aceptar y están en su derecho de defenderse, pero lo que no se vale es querer derrumbar todo porque no se desea aceptar ni se desean defender, simple y sencillamente, porque estiman que eso de la justicia no es para cierto tipo de personas.
En noviembre escribí un artículo que abordaba el por qué había fallado la salida de la crisis cuando aún no era tan grave, y sigo convencido que si a los preocupados se les logra hacer entender que el camino que eligieron o les vendieron (y que pasa por derrumbar todo, hasta el Estado de Derecho) nos pasará a todos consecuencias impagables, creo que pueden haber avenidas para empezar a enfrentar la crisis sin medidas pro impunidad, pero que ofrezcan sostenibilidad para el país.
No nos llamemos a engaño. Salidas a la crisis hay, pero existen algunos que simple y sencillamente desean que la Ley de Aceptación de Cargos fuera una de olvido de cargos, de perdón sin consecuencia alguna o, peor aún, que se les pida perdón por los cargos e investigaciones realizadas.
Ese nunca ha sido, no es ni puede ser, el camino del futuro porque no solo sería regresar a 2015. Es volver a una situación peor que la de 2015 y asegurar años o décadas de más retrasos y rezagos en todas las áreas, en especial, la económica.
