*Por Eder Juárez
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Ante la denuncia presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), a la cual dio trámite ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hoy se dio a conocer que dicha Asociación recibe dinero del Congreso y pago de tres empleados y oficinas, lo que a criterio de analistas representa un claro conflicto de intereses ante las acciones emprendidas contra la CC.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), indicó que en este caso hay conflicto de intereses. En primer lugar se tendría que señalar cómo es que el Congreso está destinando fondos públicos para un grupo de abogados que no cumplen con una función para el bien público, dijo Cadena.
Agregó que el hecho de que reciban dinero del Congreso compromete la acción legal contra los magistrados de CC y demuestra que son acciones superfluas que quieren afectar a los jueces de la CC por sus resoluciones. “Eso va en contra de la independencia de jueces y de la independencia de poderes, a los jueces no se les puede atacar por sus resoluciones”, indicó.
De acuerdo con Cadena en la resolución del caso del Embajador Andrés Kompass, la CC tiene toda la razón para resolver exigiéndole al Presidente que cambie esa política. “La política exterior del Gobierno de Guatemala según la Constitución tiene un marco y un límite, y el Presidente está actuando en un total abuso de poder, que está causando daños y perjuicios a la sociedad guatemalteca”, dijo el abogado.
Cadena señaló que los magistrados de la CSJ, al haberle dado trámite al antejuicio en contra de los magistrados de la CC, estarían cayendo en el delito de prevaricato, por lo que el Ministerio Público debería de investigar esta situación.
“Los magistrados de la CSJ que firmaron cometieron el delito de prevaricato, porque están elaborando una resolución con intereses y peor aún de intereses personales de funcionarios corruptos”, dijo el jurista, quien agregó que los magistrados de la CSJ debieron de haber tomado en cuenta que los abogados que hicieron esa denuncia reciben fondos del Estado.
CIEN: CASO DE ASOCIACIÓN NO DESLEGITIMA ANTEJUICIO
Por su parte, Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) afirmó que, el hecho de que el Congreso financie gastos de la Asociación de los abogados que denunciaron a los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), no deslegitima la acción que plantearon.
“Se debe investigar si el financiamiento que reciben del Legislativo está en Ley, sin embargo, este es un tema aparte, es muy prematuro ligar esa situación con la denuncia que presentaron. Por ahora esta acción es legitima hasta que no se evidencie lo contrario”, explicó Quezada.
El consultor añadió que indagar si existe un vínculo entre los abogados denunciantes con los diputados no es una competencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron trámite a dicho antejuicio. “La CSJ no puede emitir una opinión si existe o no este tipo de vinculación”, dijo el consultor del CIEN.
“Más allá de si existe un vínculo o no, se debe evaluar el fondo legal de la denuncia y no centrarse en quién la presenta. Por ejemplo, si una persona que no tiene prestigio presenta una acción bien fundamentada, no se le puede rechazar por el hecho de no contar con prestigio”, declaró el politólogo.
“No se debe ligar a la política con lo judicial. No se debe personalizar las acciones legales, sino dejar que los tribunales resuelvan”, concluyó Quezada.
EL ÚNICO FIN ES ACALLAR A LA CC
Eleonora Muralles, del Movimiento Pro Justicia, señaló que existen muchas dudas respecto a cuál es el fin de dicha asociación de constituyentes, ya que se ha dicho que estos están buscando una pensión vitalicia, pero aseguró que es un extremo que no se puede asegurar.
Muralles recordó, también, que en su momento el exdiputado Roberto Alejos señaló que la Asociación de Dignatarios de la Nación prácticamente no existe, además, aseguró que hay otros constituyentes que se han desligado totalmente de esta asociación.
“Hay muchas dudas en cuanto a cuál es el fin de estos individuos, porque también se ha dicho que lo que buscan es una pensión vitalicia”, aseguró.
“A nuestro juicio pareciera como que están quedando bien con el Pacto de Corruptos, haciendo estas acciones con el único fin de acallar a la Corte de Constitucionalidad”, mencionó Muralles.
Muralles aseguró que es extraño que en estos momentos esta asociación salga a la luz, cuando ha sido cuestionada por otros dignatarios.
SE DEBE INVESTIGAR A LA ASOCIACIÓN
Sobre este tema, Gabriel Wer del colectivo JusticiaYa, señaló que demuestra que están siendo piezas de una estrategia planificada que nada tiene que ver con el caso de Anders Kompass, y que tiene como fin lograr lo que hicieron ahora.
Wer coincide con Cadena que existe un conflicto de interés por la acción que realizaron contra los magistrados de la CC, luego de que ellos mismos confirmaron que reciben aportes del Congreso de la República.
Además, dijo que se debe investigar qué tipo de vínculos hay entre la Asociación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados. También mencionó que se debería investigar directamente a la Asociación por los fondos públicos que recibe.
*Con información de los periodistas Denis Aguilar y Hedy Quino
