A través de un comunicado de carácter urgente, el Foro Migrante Guatemalteco en el Extranjero manifestó su oposición “rotunda” a la acción presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) a petición del presidente Jimmy Morales, para que se le retire la inmunidad a los magistrados José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

“El pueblo de Guatemala en general está decepcionado y pide el pronunciamiento de toda la sociedad civil e instituciones que velan por el resguardo de la democracia y preservación de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque ya no aguanta más arbitrariedades y abusos del Gobierno del señor Jimmy Morales”, destacan.

De acuerdo con los migrantes, el Presidente con sus actitudes tiene como único punto de agenda mantenerse en contra de todas las instituciones que trabajan para eliminar la corrupción e impunidad.

Con el retiro de la inmunidad a los magistrados, los migrantes consideran que sus puestos serían ocupados por “abogados serviles, títeres y marionetas, que sirvan a los intereses del Pacto de Corruptos que no quieren que se establezca un estado de Derecho, libre de corrupción e impunidad”.

Asimismo, consideran que con estas acciones pretenden poner en marcha un “golpe de Estado” a beneficio de personajes involucrados en la corrupción del actual Gobierno.

A la vez hacen un llamado a “los buenos diputados, militares, empresarios, grupos de sociedad civil, medios de comunicación, comunidad internacional, gobiernos amigos, universidades, empleados públicos, tanques de pensamiento, artistas, comunidad migrante y sociedad civil en general”, para que estén atentos a defender la democracia y a la Constitución, de “falsos demagogos” que quieren eliminar a la CC, como una de las pocas instituciones con credibilidad.

Finalmente, demandan más ayuda de la comunidad internacional hacia el pueblo de Guatemala, para presionar contra las acciones malintencionadas del Gobierno de Morales, a quien consideran “enemigo número uno”, de los intentos de eliminar la corrupción en el país.

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