En el caso de las expulsiones del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no puede pasarse por alto que hay un notorio conflicto de interés, puesto que esa Comisión es la que ha planteado antejuicios para investigar si la recepción de dinero en financiamiento electoral, cuando Jimmy Morales era Secretario General de FCN-Nación, es constitutiva de delito. Morales se ha aferrado a su inmunidad para detener esas investigaciones y ha demostrado que hará todo lo que pueda para impedir el avance de un proceso legal que pretende esclarecer los hechos. Además, su hijo y su hermano están sometidos a proceso luego de que en un caso promovido por la CICIG, Botín Registro de la Propiedad, resultaron implicados por haber entregado facturas falsas para cobrar servicios no prestados.
Es en esa situación que Morales intentó declarar non grato a Iván Velásquez, mandó a rodear con vehículos artillados la sede de la CICIG, anunció la no prórroga del acuerdo y ordena la expulsión de los investigadores. Se dice que trata de forzar a que la ONU decida dar por cancelado el acuerdo tomando en cuenta el incumplimiento de Guatemala con los términos acordados debido a que el Secretario General no ha dado respuesta a las exigencias del gobierno de Morales.
Según lo pactado, todo conflicto debe resolverse de común acuerdo entre las partes, pero eso no significa que la ONU tenga que aceptar caprichosas exigencias. La falta de respuesta de la Secretaría General hay que entenderla en el concepto del silencio administrativo que explica que si se hace una petición a la autoridad y ésta no responde en determinado plazo, se deberá entender por rechazada la solicitud. Y fue Guatemala la que solicitó la CICIG y aceptó los términos de su mandato y, más aún, el mismo Morales alabó a la Comisión y solicitó la prórroga, por lo que él asumió también ese compromiso y lo tiene que honrar. Pero todo cambió precisamente cuando sus familiares salieron a relucir colateralmente en un proceso por corrupción y, peor aún, cuando el financiamiento ilícito de FCN-Nación terminó embarrando al mismo gobernante.
No hay argumento alguno para desvirtuar la existencia del conflicto de interés, pero lo más grave es que estamos al borde de la ruptura del orden constitucional que afectará gravemente el orden democrático en el país, justo lo mismo que ocurrió con el Serranazo porque es evidente que se están desobedeciendo fallos dictados precisamente para preservar la legalidad y garantizar el imperio de la constitucionalidad en el país.
