Por Redacción La Hora
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El abogado Alfonso Carrillo presentó hoy una solicitud de debida ejecución ante la Corte de Constitucionalidad (CC), dentro del expediente de amparo que se planteó el año pasado cuando el presidente Jimmy Morales, declaro Non Grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez. En esa oportunidad, la CC detuvo el intento del Gobierno de expulsar al comisionado, pero ante la nueva arremetida de la Cancillería, Carrillo plantea que la situación se agravó.
En la solicitud, Carrillo pide que se declare con lugar la asistencia de la CC para que se ejecute debidamente el amparo provisional que sigue vigente, debido a la reciente revocatoria y no renovación de visas a funcionarios de CICIG y sus familiares.
La situación según del solicitante se agravó ahora que la Subdirección de Control Migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración, notificó a los afectados y se les reiteró que tenían 72 horas para salir del país.
Carrillo también señala que la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se atribuyó facultades que no le competen, supuestamente “revocándoles” los privilegios e inmunidades a los funcionarios de CICIG, cuando gozan de ellos en virtud del propio Acuerdo de creación de la Comisión, no porque el Ministerio de Relaciones Exteriores se los haya otorgado.
“El fin de esta petición es que se dejen sin efecto las últimas resoluciones y notificaciones ya que son nulas por haber contravenido el acuerdo de CICIG, por lo que las mismas no deben surtir efectos y debe permitirse la permanencia del personal de CICIG en el país porque es un compromiso asumido por el Estado de Guatemala para que la Comisión pueda llevar a cabo sus funciones”, apunta en el comunicado el solicitante.
ANTECEDENTES DEL AMPARO
El año pasado, la CC le otorgó a Carrillo el amparo provisional solicitado y dejó sin efecto la declaratoria de Non Grato requerida por el Presidente Morales, a la vez que estableció que el Estado debía cumplir con el Acuerdo de CICIG que además señalaba que cualquier controversia debe resolverse de mutuo acuerdo y según lo convenido en este.
No obstante, el solicitante destaca que a pesar de que existe la protección del amparo provisional que sigue vigente, el Presidente, la Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel y el Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, entre otros, han respaldado actos que según la CC son considerados como contrarios al acuerdo de CICIG y, por lo tanto, nulos.
