Javier Monterroso
A raíz del caso contra el empresario y exministro de Gobernación Carlos Vielmann, sindicado de ejecuciones extrajudiciales, varios empresarios y políticos han retomado la idea que la justicia en Guatemala está politizada y que las persecuciones penales que lleva adelante la CICIG y el MP tienen como objetivo perseguir a la derecha política. También se menciona que Thelma Aldana ex fiscal general y ahora pre candidata presidencial utilizó el MP para perseguir a sus probables contrincantes políticos en las próximas elecciones. Además, desde hace varios años circula entre empresarios y políticos de derecha la teoría de que la izquierda ha logrado cooptar las instituciones del Sector Justicia, señalando a la ex fiscal general Claudia Paz, a la misma Thelma Aldana, a la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras o al juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez como ejemplos de agentes de izquierda infiltrados en el Sistema de Justicia para perseguir a sus enemigos ideológicos, que serían los empresarios y los políticos de derecha. Algunos analistas han llamado a esto la politización de la justicia.
Sin embargo, al analizar los casos que en los últimos tres años la CICIG y el MP han presentado ante el Sistema de Justicia, es imposible encontrar objetivamente una línea política en su accionar, si bien es cierto existe una larga lista de funcionarios de gobierno, jueces, políticos de derecha y empresarios que enfrentan proceso penal, no los están persiguiendo por ser empresarios o políticos de determinada tendencia ideológica, sino porque cometieron delitos ya sea siendo funcionarios públicos, o, en el caso de los empresarios, financiando o haciendo negocios con los partidos políticos. Por ejemplo, a Carlos Vielmann no se le está persiguiendo por su pasado como dirigente empresarial, sino por supuestamente ordenar la ejecución de presos y prófugos de la justicia, en este punto hay que recordar que la misma dupla CICIG-MP también ha perseguido a varios exministros de Gobernación de diferentes gobiernos por temas de corrupción y a otros altos funcionarios de la PNC por ejecuciones extrajudiciales, y ninguno de ellos era dirigente empresarial.
Sobre la politización del Sistema de Justicia se debe tomar en cuenta que el poder judicial es un poder del Estado, y como tal también cumple una función política, como lo plantea el sociólogo Boaventura de Sousa los jueces son un órgano de soberanía, y más que interactuar con el sistema político son parte integrante de el, la impartición de justicia penal por ejemplo, cumple una función de control social eminentemente política en cualquier sociedad. Y además el buen o mal funcionamiento de la justicia legitima o deslegitima al poder político en su conjunto, pues la aplicación efectiva de la ley es un factor fundamental de legitimidad del Estado.
Lo que está pasando en Guatemala desde el 2015 no es un caso de politización de la justicia como lo han querido hacer ver, sino un caso de lo que el mismo autor citado llama judicialización de la política, es decir una situación donde los jueces y fiscales, gracias al apoyo de CICIG, son cada vez más independientes del sector político y empresarial empiezan a investigar y juzgar conflictos sociales y políticos que antes no podían. Y ningún conflicto político es más grave que los crímenes cometidos por funcionarios públicos, ya sean estos actos de corrupción o el asesinato de ciudadanos por parte de funcionarios de gobierno. Al final el problema es que los políticos y empresarios tienen menos control del Sistema Judicial y eso los asusta mucho.
