Claudia Escobar
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
“El genio de la democracia liberal fuerte
es que la Constitución marque las reglas de la competición
e intente asegurarse de que nadie concentre todo el poder”.
Michael Ignatieff
Un país democrático se sostiene a través de un Sistema de Justicia sólido y eficiente, que goce de la confianza de la población. Para resolver la problemática social, se requiere que las autoridades del sector Justicia actúen de manera objetiva e imparcial. Además es necesario que se respeten sus resoluciones. Las tiranías empiezan por destruir y cooptar a las instituciones judiciales.
La estrategia de quienes son investigados por crímenes relacionados con la corrupción es argumentar que se trata de una persecución política en su contra, por temas ideológicos. El mismo discurso utiliza Martinelli en Panamá, Lula da Silva en Brasil o Alan García del Perú. Pero cuando existen pruebas –fehacientes– de actos indebidos por parte de los gobernantes, dicho argumento no tiene sustento. Sin embargo, a los políticos corruptos les resulta más fácil debilitar la credibilidad de los funcionarios judiciales, que demostrar –con pruebas– su inocencia.
En Guatemala, durante las últimas semanas, se ha desatado una campaña de desprestigio en contra de jueces y fiscales que son protagonistas de la lucha contra la corrupción. También, en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que revierten decisiones ilegales del poder político. Son tiempos difíciles para la justicia, cuando se cuestiona la autoridad legítima de la función judicial. A los soberanos les cuesta entender que su poder no es ilimitado. Toca a los jueces señalarles hasta dónde pueden llegar.
Aunque el Sistema de Justicia guatemalteco adolece de enormes debilidades, hay que reconocer que existe un marco normativo básico para que los ciudadanos sometidos a procesos criminales puedan defenderse. También pueden –si fuera el caso– denunciar a los funcionarios del sector Justicia que abusan de su poder o que incumplen con sus obligaciones.
Los funcionarios de cualquier sector, pueden cometer faltas o incurrir en delitos; en cuyo caso existen procedimientos y sistemas disciplinarios para investigar y sancionar a los responsables. Si existen dudas respecto al comportamiento de un funcionario judicial, es obligación del ciudadano denunciarlo y ofrecer la prueba pertinente. Lo que no es correcto, es usar la calumnia y la difamación; montar campañas de desprestigio para evadir la justicia, como pretenden hacer contra Juan Francisco Sandoval, fiscal de la FECI.
No solo en Guatemala los funcionarios judiciales son cuestionados. Por estos días, en Estados Unidos, el juez John G. Roberts Jr. de la Corte Suprema de Justicia salió en defensa de la independencia y la integridad de la justicia federal, ante los ataques del presidente Trump en contra de un juez de California, luego que el juez emitiera una suspensión temporal a la política de asilo que Trump pretende implementar.
Roberts aclaró que la Corte Suprema no es un cuerpo político; sus miembros trabajan juntos para interpretar y aplicar las leyes de forma objetiva. Además aseguró que ellos no sirven a un partido o a un interés, sino que sirven a una nación.
Ese debiese ser nuestro objetivo como país: garantizar que nuestros jueces sean independientes; que los fiscales trabajen de manera objetiva y autónoma; que las leyes sean aplicadas a todos por igual.
