Por Eder Juárez
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En una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) el abogado Ramón Cadena señaló que a su consideración en la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) existe un fraude de ley porque el mandatario no fundamentó su decisión.
Cadena manifestó que hay fraude de Ley en la decisión del Presidente, y citó el segundo párrafo de la Ley del Organismo Judicial que establece el mismo.
“Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de Ley, y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”, y en ese caso concreto lo que se trató de eludir fue el convenio firmado por el Gobierno y las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la CICIG, indicó.
“Se trata de eludir de alguna forma que da margen al fraude de Ley porque en ningún momento se hace una fundamentación debida de esa decisión, afirmar subjetivamente que las instituciones del Estado pueden ya llevar adelante una lucha contra la impunidad es algo subjetivo y vacío que el derecho no puede aceptar, el derecho necesita de explicaciones fundamentadas y no simples afirmaciones subjetivas”, manifestó Cadena.
El abogado agregó que dicha decisión atenta contra el poder judicial y la independencia de los jueces que es una garantía de los ciudadanos, “por eso nos sentimos afectados”, señaló durante su argumentación.
“El Presidente se refiere a terror judicial por ejemplo, se refiere a justicia selectiva cuando está hablando de los jueces que han defendido el Estado de Derecho en los Tribunales, hablar de terror judicial nos parece un atentando contra la independencia judicial y de nuestras garantías”, indicó el abogado.
Asimismo, dijo que «el Presidente incurrió en la figura de abuso de derecho”, y que la disposición del mandatario fue anticipada. Según el jurista, la decisión de no prorrogar el mandato de la CICIG, «no solo afecta el principio de legalidad, sino también un marco legal estable, confiable y predecible”.
Por su parte el abogado Luis Sosa, representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), señaló que la Ley de Amparo no permite la acción popular y que esto es lo que ocurre en la solicitud del amparo en contra del presidente Morales por la no renovación del mandato de la CICIG. Además, aseguro que Morales actuó bajo el artículo 183 de la Constitución Política, que le da la facultad de dirigir la política exterior del país.
CONFLICTO DE INTERESES
El Presidente utilizó su poder para violar la garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos, para violar el principio de legalidad, “lo hace todo sin fundamentación, lo hace unilateralmente e inconsultamente, para ocultar precisamente la agenda que es afectar totalmente la lucha contra la impunidad y corrupción en el país, defender sus intereses, a los intereses de su familia, y claro a los intereses de todas las personas que están sujetas a proceso”, señaló Cadena.
