Por Eder Juárez
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Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (Anam), dijo que tiene una preocupación por la reforma de la Ley en Materia de Antejuicio 5300 que avanza en el Congreso de la República.
Según Escobar sería una pena que el Congreso tenga tanto poder concentrado y que se pase de un Estado de Derecho del debido proceso en el Organismo Judicial a manos del Congreso, para que le quiten o no el antejuicio a un alcalde.
“Es darle un poder político sobre los alcaldes que no es conveniente para los jefes ediles”, manifestó Escobar.
El alcalde de Villa Nueva aclaró que esta posición es personal y no de un órgano colegiado como Anam, “el derecho de antejuicio debe seguir un debido proceso que tiene el Organismo Judicial, con todas las debilidades y quejas que podamos tener, debe ser un estricto apego a la Ley”, refirió.
Además, agregó que hay quienes han estado “vendiendo espejitos” que eso va a solucionar el problema, “pero yo creo que no”.
Escobar indicó que este tema seguramente se iba a tratar con otros alcaldes que lo están discutiendo, sin embargo, manifestó que el tema de la reforma a la Ley de Antejuicio no había surgido y que le parece que algunos alcaldes “se fueron con la finta” porque que algunos diputados están diciendo que será favorable para todos, afirmó.
Asimismo, refirió que al caer en manos de los diputados una decisión de este tipo, que es en todo caso judicial, lo van a convertir político, si el argumento es que no se judicialice la política o se politice la justicia, dejar en manos del Congreso la decisión de quitar el antejuicio es delicado, manifestó Escobar.
REFORMAS
La propuesta que se identifica con el registro 5300, reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, busca eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que en la actualidad conoce las solicitudes de antejuicio y decide darle trámite o rechazarlo.
Con estos cambios será el Congreso el que decida el futuro de la inmunidad de los funcionarios, entre éstos el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
