Nuestra institucionalidad democrática se ha ido destruyendo por efectos de la corrupción que a punta de impunidad todo lo ha contaminado, lo que coloca al Estado en condición lamentable porque no persigue otro fin que el de enriquecer, de manera ilícita, a funcionarios y particulares que participan en la danza de la podredumbre. Pero no contentos con el daño causado por ese abandono y cambio de objetivos, ahora están empeñados en provocar de manera deliberada y sistemática el colapso del país con decisiones que apuntan a destruir lo poco que va quedando y a envilecer más aun lo que ya es un vicio de nuestra realidad política.
Lo vemos con absoluta claridad con hechos como los provocados en la Policía Nacional Civil que tras años de esfuerzos y tropiezos, había logrado un aceptable nivel de institucionalidad derivado de la existencia de cúpulas de dirección comprometidas con la profesionalización y la búsqueda de trabajos serios en la protección ciudadana. La insistencia de la anterior cúpula para que se terminara con los patrullajes combinados con el Ejército que eran un jugoso negocio para muchos, fue sistemáticamente objetada y ahora lo que se busca es que los patrulleros militares puedan engrosar las filas de la PNC en forma exprés.
Ahora en el Congreso de la República quieren hacer peor lo que ya es malo con el manoseo de la ley de antejuicios que está por aprobarse. Los antejuicios han sido escudo de protección de muchos funcionarios, pero resulta que ahora quieren eliminar algunos de manera también exprés mediante la decisión de que sean los diputados, los que están comprometidos con el pacto de la corrupción, quienes conozcan y decidan de una vez los antejuicios que puedan presentarse (y ya los tienen listos) en contra del Procurador de los Derechos Humanos y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual lleva dedicatoria absoluta contra los que han votado en aquellos casos en que ha sido necesario detener el abuso de poder del pacto que pretende afianzar la Dictadura de la Corrupción.
Se ha planteado ya una reacción ciudadana ante ese despropósito que pondría en peligro la institucionalidad ya tan precaria en el país. Se habla mucho de sectores a los que califican de golpistas, pero un auténtico golpe de Estado sería descabezar a la Corte de Constitucionalidad para eliminar el mecanismo de control existente y dejar que esa Dictadura de la Corrupción opere sin posibilidad de que opere el mecanismo de pesos y contrapesos que es el último recurso que va quedando al régimen de legalidad.
