Raúl Molina
A un año de las próximas elecciones, si es que nos encasillamos en el calendario electoral, hay inconformidad con respecto a muchas de las disposiciones de la LEPP. Se han pronunciado en contra la APG, las organizaciones de migrantes y muchas organizaciones de la sociedad civil. En el interior mismo del Congreso hay una iniciativa del “Pacto de los Corruptos” por modificar las restricciones existentes para el transfuguismo. Lo que resulta evidente es que, de no producirse cambios esenciales en la LEPP, los resultados de las elecciones serán tan nefastos como el gobierno, Congreso y sistema político actuales. La actitud correcta sigue siendo: “en estas condiciones, no queremos elecciones”. Las modificaciones favorables para los mafiosos podrían pasar, no sin cierta oposición, en el Congreso; pero para depurar el sistema político, el Congreso consideraría cambios sólo bajo presión de la sociedad civil. Urge así un acuerdo ciudadano en las próximas semanas sobre reformas esenciales ya a la LEPP.
La primera modificación esencial, basada en las experiencias para expulsar a Baldetti y Pérez en 2015 y a Morales, de abril de 2017 a la fecha, es introducir el artículo revocatorio, es decir, poder destituir a una persona en cargo por elección a petición de un número importante de electores. No necesitaríamos más las grandes manifestaciones para exigir las renuncias de funcionarios indeseables, sino que se haría con los votos ciudadanos. Segundo, es esencial quitar el “derecho de llave” de los partidos políticos para proponer candidatos a Congreso, PARLACEN, Vicepresidente y Presidente. Se debe permitir que movimientos ciudadanos puedan hacerlo, en base al número de firmas de respaldo. Por ejemplo, no se tendría que estar negociando con partidos, algunos inmorales, si bastasen cincuenta mil firmas ciudadanas para inscribir una candidatura presidencial. Las listas de candidatos y candidatas al Congreso serían enriquecidas con personas capaces y probas propuestas por grandes grupos de ciudadanos y no solamente por partidos políticos. Tercero, se debe lograr la verdadera apertura democrática, garantizando el ejercicio más amplio posible del derecho a elegir y ser electo o electa, tanto en el país como en el extranjero. Se cuestiona hoy la votación fuera del país por fallas del Estado: sistema de voto (dónde y cómo) y carencia de DPI y registro. Se estima que no más del 20% votaríamos y no es posible aceptar que en el extranjero se vote de manera distinta y sólo por dos -Presidente y Vicepresidente- de más de cuarenta cargos de elección nacional. Es impensable, también, que con 15% o más de la población en el extranjero, las y los migrantes no tengamos ni un diputado o diputada que nos represente directamente, por elección, en el Congreso. Hay otras modificaciones que merecen el debate, particularmente para prohibir o regular la reelección, eliminar el transfuguismo y evitar que los grandes capitales, lícitos o ilícitos, sigan comprando las elecciones y corrompiendo el sistema político. ¡Logremos un acuerdo para transformar la LEEP y eliminar la “dictadura de las y los corruptos”!
