Guatemala
Agencia CERIGUA
Autoridades de justicia y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evaluarán el proceso de transición de esa entidad de las Naciones Unidas, que colabora con el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado en el país.
La información, publicada en la página web del gobierno de Guatemala destaca que la evaluación se realizará en una reunión que encabezará el presidente Otto Pérez Molina, con fecha pendiente de definir, para la primera quincena de diciembre próximo.
El mandatario indicó que se acordó preparar la cita de evaluación, luego de una reunión efectuada en Casa Presidencial con representantes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, los embajadores de Estados Unidos, Suecia y España.
La convocatoria será anunciada en los próximos días por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, quien invitará a participar a la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana; al Presidente del Organismo Judicial, Josué Baquiax Baquiax; al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y al director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Jorge Nery Cabrera.
Vamos a hacer el análisis y un estudio para conocer los resultados y los aportes de la CICIG; puedo decir que después de ocho años que la Comisión ha estado en Guatemala ha habido avances importantes y se han resuelto casos, señaló Pérez Molina.
El Presidente agregó que también se han dado avances en las instituciones de seguridad y justicia del país.
Una vez retirada la CICIG de Guatemala, cuando concluya la prórroga en septiembre de 2015, corresponderá a las instituciones nacionales continuar las acciones que establece su mandato que básicamente se centra en la desarticulación de grupos criminales en las estructuras del Estado.
El gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron el acuerdo relativo a la creación de la CICIG el 12 de diciembre de 2006.
Luego de la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado por el Congreso el 1 de agosto de ese mismo año.
