Jorge Santos
La reciente investigación realizada por Luis Angel Sas y Coralia Orantes, publicada en un medio de comunicación escrito, que da cuenta sobre el espionaje que actores gubernamentales realizan contra todas y todos aquellos que son considerados enemigos u opositores al régimen, es una muestra más, de la implementación de una clara política represiva en el país. Esta evidencia presentada, representa la constatación de lo que durante muchos años, organizaciones de defensa de derechos humanos, han venido denunciando.
Si bien es cierto que esta acción de control, vigilancia y seguimiento a ciudadanos y ciudadanas por parte del Estado, se viene desarrollando desde gobiernos atrás, es con el del actual presidente Jimmy Morales que se profundiza aún más. Evidentemente es un Gobierno a la deriva, acorralado por incapacidad, negligencia, ineficiencia y por los actos de corrupción de la familia del Presidente y de los delitos cometidos por él mismo, así como sus ministros; de tal cuenta, que pareciera que está aún más interesado en imponer una política represiva que no permita el avance de la justicia o el seguimiento a las reivindicaciones existentes.
Este hecho sin lugar a dudas explica, en mucho, el amplio esquema represivo existente en contra de todas aquellas personas que desde distintas posiciones y acciones defienden o promueven derechos humanos. Esta política represiva se expresa o materializa, en un incremento de la difamación y discurso de odio que desde los famosos “net center” se está imponiendo en todas las redes sociales. Pero también la podemos observar en un claro escenario de criminalización, es decir de denuncias judiciales, detenciones arbitrarias y hasta ilegales, fundamentalmente contra aquellos que defienden la naturaleza, el agua, los bosques, los bienes naturales en general. Estos hechos observados ampliamente en departamentos como Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula y otros, son muestra de ello.
Pero toda esa información recabada a través de este espionaje, también está sirviendo, sin lugar a dudas, para agredir, violentar y reprimir a la población. No es casual, que desde marzo de este año aproximadamente, seamos testigos nuevamente de cada vez mayores niveles de violencia general en el país y junto a ello un repunte también de asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Sólo durante el presente año han sido asesinados 18 personas defensoras de derechos humanos y en al menos 05 casos se ha intentado asesinar a otros más.
Esta política de represión, también les ha permitido armar a grupos paramilitares o parapoliciales, que bajo el pretexto de la inseguridad, instauran verdaderos escenarios de zozobra, violencia y terror en las comunidades que dicen “cuidar”. Todo lo anterior, acompañado por un incremento del involucramiento del ejército en actividades que no lo competen y con ello un aumento en los recursos destinados para esta institución, en vez de ir a educación, salud, vivienda, justicia o desarrollo rural, sólo para nombrar algunos ejemplos.
De tal cuenta que, este sistema denunciado ahora en una labor periodística, no es más que una parte de un andamiaje mucho más amplio y que acá o en cualquier otra parte del mundo, se llama represión.
