POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Judith Secaida, reprogramó para el próximo 12 de octubre la audiencia de primera declaración de siete diputados y un excongresista del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) sindicados de cometer actos de discriminación contra la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.
Los ocho diputados sindicados son: Juan Manuel Giordano, Laura Alicia Franco Aguirre, Óscar Corleto, Rudy Pereira, Byron Chacón, Julio Antonio Juárez Ramírez, Fredy Elías y Edgar Montepeque.
La audiencia estaba programada para hoy a las 8:30 horas. Sin embargo, la misma se suspendió porque Juárez, quien se encuentra en prisión preventiva y ligado a proceso penal por el asesinato de dos periodistas, no fue trasladado a la Sala de Audiencias, informó el fiscal regional del Ministerio Público, Stuardo Campo.
“Desafortunadamente (Juárez) no fue trasladado por el Sistema Penitenciario a la sede de la judicatura. De esa cuenta se suspendió la audiencia”, dijo Campo.
Los ocho sindicados se presentaron hoy a la judicatura y en audiencia que se realizó a puerta cerrada la jueza Judith Secaida les informó que, tentativamente, reprogramaría la diligencia para el próximo 12 de octubre.
La jueza Secaida también le corrió un plazo de 24 horas a la gobernadora Ventura para que se pronuncie respecto a si desea comparecer en el proceso como agraviada o no. Esto, pese a que en septiembre de 2016 la entonces Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, informó que la gobernadora había retirado las denuncias contra los diputados oficialistas.
CASO
Luego de la investigación que realizó la Fiscalía, se determinó que los congresistas pudieron incurrir en los delitos de discriminación, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La investigación se inició luego de que el 5 de abril la gobernadora Ventura asistiera a una reunión con los diputados en la que fue discriminada. Los congresistas la insultaron y profirieron palabras discriminatorias.
Además, durante la reunión los diputados le dijeron a gritos que ella debía obedecer sus instrucciones, según informó en su momento el MP.
El ente investigador consideró que los hechos que fueron denunciados por los congresistas constituían delitos de acción pública, donde el MP tiene la obligación y mandato constitucional de realizar diligencias de investigación.
Por lo anterior, la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra los ocho congresistas y el 31 de agosto de 2016, por unanimidad, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les retiró la inmunidad.
La Fiscalía no solicitó capturas en este caso al considerar que la naturaleza de los hechos denunciados no lo ameritaba.
