Por JIM KUHNHENN,
WASHINGTON
Agencia AP
Más de cien expertos en inmigración declararon hoy que la decisión del presidente Barack Obama de proteger de la deportación a varios millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización es constitucional y puede tomarla como parte de su autoridad administrativa.
Los 135 expertos se centraron en dos aspectos principales de la decisión ejecutiva de Obama anunciada la semana pasada. Una proteger a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes de la deportación y les permite solicitar el permiso de trabajo. La otra medida amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños. Esos dos programas pudieran beneficiar a un máximo de 4,4 millones de personas.
La declaración de los expertos afirma que las decisiones del presidente constituyen un uso debido de su autoridad discrecional.
Los republicanos reaccionaron con furia a la decisión de Obama, calificándola de ilegal e inconstitucional. Algunos de los expertos jurídicos que critican la decisión de Obama alegan que el trabajo del presidente es hacer cumplir las leyes que aprueba el Congreso y que Obama desafía a la legislatura federal.
La Casa Blanca ha señalado que en el pasado otros presidentes, tanto republicanos como demócratas, han usado su autoridad ejecutiva para proteger inmigrantes de la deportación. Sin embargo, la decisión de Obama beneficiaría a un número mucho mayor de inmigrantes que las de otros mandatarios.
Críticos como John Yoo y Robert Delahunty, que trabajaron en la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia en el gobierno del presidente George W. Bush, alegan que el presidente no tiene tal autoridad amplia y que la discrecionalidad sólo puede aplicarse de manera limitada.
En su declaración, los expertos dijeron que el amplio alcance de la decisión de Obama no la hace menos válida jurídicamente.
«El presidente pudiera decidir un límite a la cantidad de personas que pueden beneficiarse de la discrecionalidad o establecer condiciones lo suficientemente restrictivas para mantener la cifra baja, pero esto sería una decisión de política, no jurídica», escribieron.
La declaración es una versión actualizada de una carta del 3 de septiembre enviada a Obama por los mismos profesores y expertos en inmigración en que explican los argumentos jurídicos y precedentes de las decisiones ejecutivas.
La declaración fue coordinada por los expertos jurídicos Hiroshi Motomura, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Angeles; Shoba Sivaprasad Wadhia, de la Facultad Dickinson de Derecho de la Universidad Estatal de Pennsylvania, y Stephen H. Legomsky, de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington.
