Factor Méndez Doninelli
19 de junio, 98 aniversario de “La Hora”.
Entre las secuelas por la erupción volcánica, destacan el costo social que se eleva a 110 fallecidos, más de medio centenar de heridos, un número indeterminado de desaparecidos, 966 viviendas destruidas o declaradas inhabitables, 3 mil 557 albergados, miles de damnificados y comunidades enteras sepultadas por la avalancha de lava, lodo, ceniza y vegetación. Esto vuelve a desnudar las precarias condiciones de vida e inseguridad de los campesinos, así como las carencias y debilidades institucionales para prevenir y atender estas emergencias provocadas por la naturaleza.
Desde el inicio de la emergencia, fue evidente la incapacidad de las autoridades encargadas, principalmente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que reaccionó tarde, hasta que la tragedia había ocurrido a pesar que el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) hizo sonar la alarma por la erupción desde las 6:00 horas del domingo 3 de junio, advirtiendo la necesidad de ordenar la evacuación de las comunidades vulnerables, acción que la Conred nunca ejecutó, sino hasta después que las comunidades afectadas habían sido destruidas.
La incapacidad gubernamental se demuestra otra vez en la atención y administración de los albergues provisionales instalados en Escuintla, Alotenango y Sacatepéquez. Los damnificados denuncian hacinamiento, falta de alimentos, condiciones insalubres, inseguridad y reclaman que no reciben la ayuda esperada. Esas condiciones prevalecen en dichos lugares, ubicados en 46 establecimientos educativos públicos que mantiene a 10,448 estudiantes sin recibir clases. Mientras el Gobierno estudia opciones para reubicar a las familias afectadas. En todo esto, se percibe dolo e improvisación de las autoridades por el mal manejo de la crisis.
En contraste, destaca la gigantesca labor de las brigadas de socorristas y rescatistas que continúa sin cesar en la zona cero, donde la desesperación de los sobrevivientes se prolonga y la limpieza de escombros se desarrolla con la esperanza de localizar restos de sus seres queridos desaparecidos. ¡Ay mi Guatemala, tanto dolor de la gente y tanta incapacidad de los gobernantes!
También resalta el voluntariado, la solidaridad y ánimo de servicio de la población guatemalteca, dedicada al acopio de ayuda de todo tipo para los damnificados. El mismo gesto humanitario ha sido recibido por parte de países vecinos y colectivos de personas de otras nacionalidades. En este aspecto, hay denuncias de presunta corrupción y desvío de ayuda para las víctimas. Extremo que habrá que investigar y proceder penalmente contra los responsables.
El gobernante Jimmy Morales ha ofrecido construir al menos mil viviendas en la finca La Industria, de Escuintla, para las familias que perdieron sus hogares por la erupción volcánica y otras, porque sus comunidades fueron declaradas inhabitables. Siendo este un proyecto de largo plazo, el Gobierno también anticipó que las personas atendidas en los actuales albergues serán ubicadas en otros de transición unifamiliar con condiciones dignas, en tanto se construyen las viviendas prometidas.
Debido a que en casos similares, El Cambray y otros el Gobierno ha incumplido, las familias afectadas por la erupción están incrédulas, aunque esperanzadas de que los gobernantes cumplan con entregar la ayuda anunciada. En este aspecto, las familias que fueron víctimas apenas inician el largo camino que deben recorrer, para recuperarse del daño psicológico y de las pérdidas materiales que la tragedia provocó. La gente exige transparencia y eficiencia.
