Conocedores de las interioridades del Tribunal Supremo Electoral comentaron ayer mismo, en redes sociales, que la disposición del pleno de magistrados de trasladar al Registro de Ciudadanos la decisión de cancelar al partido FCN por el financiamiento electoral ilícito que recibió en la campaña pasada, deja en manos del Director de ese Registro la decisión y con ello le están dando largo aliento y vida al partido oficial, porque el abogado Leopoldo Guerra es viejo aliado de militares del tipo de los que invitaron a Jimmy Morales a ser el candidato de la organización que ellos habían formado.
El caso del financiamiento es clarísimo y fue reconocido no sólo por las dos colaboradoras eficaces que hay en el proceso que ya está siendo tramitado en los tribunales, sino porque los mismos financistas lo admitieron inicialmente y hasta pidieron perdón públicamente, aunque luego hayan reculado para negar que fuera un delito lo que algunos definieron como un gesto de civismo y patriotismo al canalizar el dinero fuera de los parámetros que permitían el control de las autoridades electorales del país.
En cualquier caso, con aceptación o sin ella, se sabe que el mismo Secretario General y entonces candidato a la Presidencia les pidió que el dinero para el pago de fiscales no se diera directamente al partido para no afectar su imagen de un candidato de escasos recursos y se planificó la manera de asignar los fondos mediante una triangulación ya bien explicada.
Legalmente no debiera haber siquiera discusión sobre el tema de la cancelación del partido, porque salta a la vista que hubo financiamiento ilegal que da lugar a que sea cancelado como ya lo fueron Lider y el Partido Patriota y debió haber ocurrido lo mismo con la UNE.
Sin embargo, sabemos que los raseros para medir son distintos y no era lo mismo cancelar al partido de un prófugo de la justicia y al de los ya detenidos Pérez y Baldetti que hacerlo con el partido oficial y con el partido de la persistente candidata y exesposa del procesado Álvaro Colom.
El oficialismo moverá todas sus piezas para evitar la cancelación porque la misma sería un duro golpe para ellos y para el mismo Presidente de la República, lo que explica por qué un pleno de magistrados que evidentemente paga el favor de su designación a los diputados, decide un procedimiento que permite prolongar la vida de una organización que decidió pedir que le dieran dinero por canales secretos y ocultos en vez de una transparencia que no les convenía.
